La gestión de la alcaldesa Yolinda Barrantes Quenallata, es acusada de haber contratado servidores y funcionarios ‘fantasmas’.
El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia, Antonio Obregón Enríquez, denunció que al menos cinco trabajadores ediles que no prestaron servicios, pasaron por caja como si hubieran laborado.
Refirió haber recabado documentos de contratación y conformidades de obra, de dos damas a las que no se les ha visto desempeñar cargo alguno, pero que la municipalidad habría procedido a efectuar los pagos.
Se trata de Nivia Blanca Mendoza Mendoza, jefa de la División de la Mujer, Niño Adolescente y Adulto Mayor. A decir del dirigente, dicha funcionaria no se le habría visto en dicho despacho, y por cuanto ese cargo al ser a dedicación exclusiva y requerir su presencia, se podría considerar como una servidora fantasma.
Obregón Enríquez, que fuera regidor de esa comuna en la anterior gestión, añadió que también habrían simulado contratos de trabajadores, tal es el caso de Melina Zoraida Castro Canqui, a quien designaron para que desempeñe labores de “Especialista en conciliación y atención a la mujer”, con un sueldo de 2 000 soles mensuales.
El contrato de locación de servicios fue firmado por el gerente Municipal, William Vargas Lipa, y corre desde el 2 de setiembre al 30 de setiembre de 2019. “Yo no las conozco a estas señoras o señoritas, tampoco los trabajadores. Sepa usted que he sido regidor, al consultar me han dicho que las vieron trabajar”, sentenció Obregón Enríquez.
Lo que agrava esta situación es que, el exjefe de Recursos Humanos Alex Luchuga Meléndez, dice no haberlas conocido y que presume que serían ‘fantasmas’ porque cuando ocupaba el cargo recibió presiones para regularizar los pagos de algunas personas sin que hayan laborado.
Nos refirió que en febrero del 2019, la misma alcaldesa, Yolinda Barrantes, le quiso obligar a que inserte en el sistema de pago a tres servidores. “Yo me negué, obvio renuncié a los días”, subrayó.
Al solicitarle pruebas sobre su dicho, sostuvo que las alcanzó a la Fiscalía Anticorrución de Puno, a cargo de Gilmer Escobar Gil, quien investiga el caso desde el año pasado. “En setiembre puse la denuncia, seguro se ha dilatado por esta emergencia”, añadió.
NO RESPONDE
Intentamos comunicarnos con la alcaldesa de Putina pero no respondió las llamadas, tampoco sus funcionarios de confianza.
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