El Congreso de Colombia aprobó la prohibición de las corridas de toros y otros espectáculos de maltrato animal a partir de 2027, una decisión histórica en uno de los países de mayor tradición taurina de América.

Hasta la entrada en vigor de la prohibición, en tres años, el Gobierno buscará alternativas de empleo para los trabajadores que dependen directa o indirectamente de la tauromaquia.

Con 93 votos a favor y 2 en contra, la Cámara Baja dio luz verde al texto al que solo le falta la firma del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para convertirse en ley.

«Lo logramos, se acaban las corridas de toros en mi Colombia. Es uno de los días más felices de mi vida», escribió en su cuenta de X la senadora ambientalista Esmeralda Hernández tras conocerse el resultado de la votación final.

La prohibición incluye otros espectáculos típicos similares a las corridas de toros con becerros y vaquillas.

Hasta este momento, la autorización o prohibición de esta actividad dependía de cada ciudad, pues en 2018 la Corte Constitucional había permitido las corridas en urbes y poblaciones en las que tienen arraigo cultural y delegó en el Congreso eventuales restricciones.

Por ejemplo, en Bogotá y Medellín (noroeste del país) no estaban permitidas desde 2020, aunque actualmente son actos centrales de las tradicionales fiestas de Cali (suroeste de Colombia) y Manizales (centro-oeste de nuestro vecino cafetero).

El debate previo a la votación en el Congreso contó con las voces de dirigentes locales, alcaldes, representantes ganaderos, trabajadores de las ferias taurinas y múltiples grupos activistas por la defensa de los animales.

Grupos de toreros ataviados con sus trajes de luces se presentaron a los debates en busca de garantías para su oficio, mientras activistas gritaban fuera de la sala a favor de los animales.

«El sentimiento es de incertidumbre, de impotencia y también de orgullo. Yo estoy orgulloso de ser torero y defender estas actividades que son un símbolo de identidad», dijo a la AFP Johan Andrés Palomá, torero de 22 años, antes de la votación.

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