El alcalde de Umachiri (Melgar), Martín Huamán Lima, se despide del sillón edil, luego que ayer fuera sentenciado por el delito de cohecho pasivo impropio (coima), por pedir hasta S/ 250 mil a empresarios que ejecutaban una obra que comenzaron en la anterior gestión.
La aún autoridad municipal se encontraba encarcelado tras la detención preliminar que ordenara la Sala Penal de Puno, quien además dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la incautación de celulares, computadoras y demás medios, para ahondar en el proceso que se le sigue.
El fiscal anticorrupción, Willian Otazú Pinto, fue quien cercó al alcalde, porque afianzó su denuncia con un sinuoso audio donde se oye a Huamán Lima, pactar la entrega de S/ 50 mil soles para dejarlos trabajar, y al ver que solo le dieron S/ 20 mil, en marzo de 2023 resolvió el contrato. No contento con ello, en noviembre les propuso dar S/ 250 mil para que la municipalidad se allane a una conciliación.
ACEPTÓ LOS DELITOS
El jueves, el alcalde pidió acogerse a la terminación anticipada a cambio de que no sea encarcelado, sino que cumpla la condena con reglas de conducta. El fiscal, por su lado, pediría menos de 5 años de pena privativa. Ayer por la mañana, Huamán Lima cambió de idea, porque se le advirtió que además sería inhabilitado para ocupar cargo público, pero ante el panorama adverso de que lo internarían a la prisión, aceptó la propuesta de Otazú Pinto y admitió los delitos imputados.
Así, la jueza María Candelaria Morales, condenó al alcalde a 4 años y 2 meses de pena suspendida. Cabe precisar que las condenas ya no son efectivas hasta los 5 años, así lo establece el D.L. 1585 que modifica el Código Penal desde el 23 de noviembre de 2023. Esa norma salvó de la cárcel a Kenji Fujimori, por el caso de los “Mamani videos”.
VACANCIA
Tras la sentencia, Huamán Lima será vacado del cargo una vez que se tramite ante el pleno la causal por ese nefasto antecedente. La jueza ordenó la privación del cargo de alcalde y la incapacidad de forma permanente para ocupar el mismo sillón municipal u otro de carácter público por 2 años y 6 meses. También se le impuso 333 días multa y el pago de una reparación civil.
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