La población calcetera aún tiene en la mente a las víctimas del pasado 9 de enero, fecha en que la población salió a las calles a protestar contra el gobierno de Dina Boluarte y que cobró la vida de más de 20 personas en la región Puno, por tal motivo y luego de 9 meses, desde Lima mandaron a una comisión de la Fiscalía de Derechos Humanos, para estar en Juliaca junto a un perito y poder recopilar información respecto a las víctimas de aquel fatídico día.
Hasta la ciudad de Juliaca llegó la fiscal especial, doctora Nancy Chávez Torres y peritos especializados, los mismos que vienen realizando la verificación de donde fallecieron las víctimas de las protestas del pasado 9 de enero.
MUERTES
En estas diligencias participaron los familiares de las víctimas, quienes portaban la fotografía de su ser querido; asimismo, todos vestían de negro y llevaban una cinta negra en la boca, fuentes ligadas a los familiares indicaron que esta cinta en la boca significaría el silencio que viene otorgando el Estado peruano frente a esta masacre; además, simbolizaría el hecho que no les dejan expresarse en cada diligencia que siguen frente a los presuntos responsables de estas muertes.
Los representantes del Ministerio Público y los peritos, en primer lugar llegaron hasta el exterior del aeropuerto Inca Manco Cápac, primero certificaron el lugar donde falleció Gabriel Omar López Amanqui, de 35 años de edad, el lugar exacto ha sido contaminado con material de construcción; asimismo, en el jirón Amanecer existe una obra que viene emprendiendo la
comuna local.
El equipo especial de fiscales estará constatando y certificando los lugares donde murieron 19 personas durante las protestas en la Ciudad de los Vientos, los especialistas culminarán sus trabajos el próximo 14 de octubre.
Dicha investigación se inicia a partir de la denuncia interpuesta por diversos letrados, indicando la masacre realizada por la Policía, generando como resultado 19 muertos y 38 heridos.
Según la disposición fiscal, continuarán con la investigación preliminar contra Marco Lara Vergara, coronel Alberto Rojas Méndez y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la vida, cuerpo y salud, en la modalidad de homicidio calificado como grave violación del derecho humano a la vida, en agravio de Gabriel Omar López y otros.
Al respecto, la fiscal Nancy Chávez Torres, decidió no dar ningún tipo de declaración con los medios de comunicación que acudieron a este sector, tan solo atinó a decir que iba a declarar una vez culmine su labor encomendada en Juliaca.
Los vecinos de las calles donde ocurrieron los hechos aseguraron que fueron amenazados por personas desconocidas, inclusive apedrearon sus viviendas, todo para que no declaren sobre lo ocurrido, por ello, muchos decidieron guardar silencio y no pronunciarse respecto a los hechos del 9 de enero.
La investigación continuará y la Fiscalía poco a poco viene recopilando información muy valiosa para poder dar con los responsables de este repudiable hecho que se dio en las protestas sociales.
Comentarios de Facebook