Manuel Mori pide evaluación de funcionarios regionales.Manuel Mori pide evaluación de funcionarios regionales.

El presidente del Consejo Regional de Tacna, Manuel Mori Mamani, señaló que se presume que en el Gobierno Regional de Tacna (GRT) se estaría cobrando dinero para la designación de funcionarios en diversos cargos sin que se realice antes la revisión de sus hojas de vida.

Dijo que incluso existiría un grupo de Whats-app en el que excandidatos y funcionarios «se estarían coludiendo para tomar por asalto la región».

«No tengo medios para probarlo, pero si hay rumores es por algo», expresó.

Sobre el proceso de investigación fiscal abierto a raíz de la designación de funcionarios que no reunirían el perfil requerido en el GRT, por el cual se solicitó la exhibición de currículos de personal de confianza del gobierno regional, indicó que dos servidores formarían parte de presuntas organizaciones criminales acusadas de irregularidades en los distritos Ilabaya y Pocollay.

«La gobernadora (Liliana Velazco) ha debido tomarse un tiempo para analizar y verificar (la situación de) los nuevos funcionarios. No queremos personas comprometidas en actos de corrupción o de organización criminal. Deberían esperar que culminen las investigaciones para ver si son absueltas o acusadas, y de acuerdo a ello se les pueda brindar después la oportunidad de volver a ocupar un cargo en la administración pública», apuntó.

Mori añadió que estos hechos impiden la ejecución de acciones que impulsen el desarrollo regional, entre ellas el combate de la inseguridad ciudadana.

«El alcalde provincial (de Tacna, Pascual Güisa), que ha sido policía, no hace nada por la ciudad. Él debería convocar a los alcaldes de los distritos para ejecutar planes de seguridad ciudadana integral. La región tampoco toma acciones. Algunos no salen de su oficina y por eso no ven la realidad de la población», criticó.

Lamentó también que los procesos de investigación de la Fiscalía y Poder Judicial sean demasiado lentos.

«Hay autoridades listas hace diez y hasta quince años para el dictamen de sus sentencias. La demora permite que sigan trabajando en el sector público», remarcó.

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