El día viernes el Congreso de la República, en una especie de aprobación de Ley exprés, aprobó la suspensión de la aplicación del artículo 3-A de la Ley 27510, ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica, debido a que se evidenció un serio problema que viene afectando, según información del Ministerio de Energía y Minas, a alrededor de un millón 314 mil de usuarios del servicio de electricidad en todo el ámbito nacional, específicamente, se les estaría incrementando en sus recibos de luz hasta un 70%, en algunos casos hasta duplicando, a partir del mes de marzo de este año, por eso la urgencia de aprobar, este proyecto a fin de que se evite se siga perjudicando económicamente a nuestros hermanos y hermanas, sobre todo, a los que menos recursos tienen, el que finalmente se aprobó, tema que resaltamos de este Congreso.
La Ley 31429 tuvo su origen en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en el período del expresidente Pedro Castillo, y el objetivo era asegurar la permanencia del servicio eléctrico de los usuarios residenciales con menores recursos económicos frente al incremento de las tarifas eléctricas residenciales, por la incidencia de diversos factores macroeconómicos y los resultados devastadores del COVID-19 en las familias peruanas, proponiendo para ello los mecanismos necesarios para incrementar los subsidios existentes a la tarifa eléctrica residencial de los usuarios que menos recursos tienen, de esta forma se buscó incrementar el número de usuarios beneficiarios con los subsidios del FOSE. Con esta modificación se proyectó el incremento del número de beneficiarios del FOSE, de 60% al 72% de usuarios, es decir, subsidiar a más usuarios.
No obstante, ya con la aplicación de los criterios de exclusión establecidos en la Ley 31429, viene ocurriendo un efecto contrario, que en vez de beneficiar se estaría perjudicando a un gran número importante de usuarios con bajos recursos, es decir, se les estaría retirando como beneficiarios del FOSE, consecuentemente, se les incrementaría la facturación, hasta en un 70%; y, además, se volverían aportantes del FOSE, esto, porque dichos usuarios estarían siendo considerados dentro de los estratos alto y medio alto en los Planos de Estratificación del INEI, afectando económicamente a un sector de la población, especialmente a los que menos tienen.
Es preocupante que estas alturas, con todas las tecnologías digitales existentes, no podamos tener datos confiables y exactos para aplicar con eficacia las políticas públicas de subsidios. Por tanto, el INEI deberá mejorar sus procedimientos, estudios e investigaciones de estratificación para no perjudicar a los más necesitados, mientras tantos, todas las empresas que distribuyen electricidad no podrán incrementar ahora, las tarifas en los recibos de luz, buena noticia para todos.
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