Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas

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Comenzó el último año del Congreso unicameral y se definirán proyectos de ley y de reforma constitucional que podrían cambiar el rumbo del Perú, así como las denuncias contra parlamentarios y la presidenta Dina Boluarte.

Asimismo, estará en suspenso el retiro de las AFP, ONP y los informes finales de la Comisión de Fiscalización que proponen la vacancia presidencial de Boluarte y la que determina que no existió una presunta red de prostitución, pero sí un festín.

No obstante, la repartición de comisiones podría jugar un papel importante en este juego político. Fuerza Popular tomará la Comisión de Constitución, Agraria, Producción y Economía. Sus aliados, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Acción Popular, presidirán Vivienda, Presupuesto, Salud, SAC, Justicia, Educación, Transportes y Fiscalización, respectivamente.

La Comisión de Constitución, qu será presidida por el fujimorista Arturo Alegría, tendrá a su cargo el Proyecto de Ley N° 11960/2024-PJ presentado por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sobre la interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales, en el que busca que las leyes del Código Procesal Constitucional se interpreten de acuerdo a la Declaración de Universal de Derechos Humanos y los tratados de los que el Perú es parte, así como las sentencias adoptadas por tribunales internacionales.

La propuesta se da en medio del desacato de Dina Boluarte a la Corte IDH, que le ordenó frenar la promulgación de la Ley de Amnistía que favorece a los policías y militares procesados por presuntas violaciones a los Derechos Humanos. Justamente, fue la Comisión de Constitución del Congreso, con su antecesor fujimorista Fernando Rospigliosi, quien impulsó la norma.

De igual manera, la Comisión deberá evaluar la iniciativa de Flavio Cruz (Perú Libre) -proyecto de ley N° 11987- que plantea «fortalecer el sistema de justicia» a al intentar modificar el artículo 154 Constitución Política. Cruz propone que, ante una crisis institucional en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Congreso «podrá declarar su emergencia, disponiendo un proceso extraordinario de ratificación de jueces y fiscales en todos los niveles, prescindiendo de los plazos y procedimientos establecidos».

Por otro lado, el congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) propuso -a través del Proyecto de Ley N° 11826- que, para que un ciudadano pueda ser elegido presidente, deberá estar «exento de una sentencia condenatoria en primera instancia por los delitos de cohecho, colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, malversación, peculado, tráfico de influencia o drogas, lavado de activos y otros». Ello en medio de las investigaciones que afronta la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Martín Vizcarra y otros candidatos.

Una propuesta no menor, es el PL N° 11811, de Renovación Popular, que plantea declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público a través de una reforma constitucional por un plazo de 12 meses.

Fiscalización

La Comisión de Fiscalización, que estuvo dirigida por Juan Burgos (Podemos Perú), ahora será presidenta por Acción Popular, aliado del fujimorismo, Perú Libre y Somos Perú en la Mesa Directiva.

El nuevo titular de Fiscalización tendrá la importante labor de presentar ante el Pleno del Congreso el informe final de la gestión anterior, que recomienda la vacancia presidencial de Dina Boluarte por el caso Cofre, que envuelve el presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón.

De igual manera, el nuevo presidente deberá mandar al Pleno el segundo informe contra la mandataria, pero esta vez por el caso Cirugías y por el presunto delito de abandono del cargo. Además, deberá remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que evalúe las acciones correspondientes.

De igual manera, tendrá bajo su gestión presentar el informe final que concluyó que, en el Parlamento, no existió una presunta red de prostitución, pero que sí hubo un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial femenino, «lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista».

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