El Gobierno declaró ilegales a más de 4,000 mineros suspendidos en Puno, incluyendo a los de la provincia de Carabaya, tras eliminar su estatus en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida busca frenar el impacto ambiental y los vínculos con actividades ilícitas.
Las autoridades advirtieron que quienes continúen operando serán sancionados, aunque reconocen que enfrentan obstáculos por parte de grupos organizados que bloquean las inspecciones.
Esta acción apunta a formalizar el sector y reducir la criminalidad asociada a la minería ilegal en la región. Los mineros fueron instados a regularizarse para evitar sanciones. La problemática afecta especialmente a Carabaya, donde la extracción no autorizada ha causado graves daños ambientales y sociales.
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