Dirigentes, tenientes gobernadores, y pobladores de Coata llegaron hasta la ciudad de Juliaca a exigir una audiencia con el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román, Oscar Cáceres, con el objetivo de solicitar el cumplimiento de la sentencia judicial que dispone, entre varios puntos, suspender inmediatamente el vertimiento de aguas servidas al afluente.
«Que nos diga qué viene haciendo por la remediación de la Cuenca Coata (…) La contaminación está empeorando», manifestaron.
ADVIERTEN ACCIONES
En ese sentido, advirtieron que en caso de que la Municipalidad Provincial de San Román no cumpla el mandato judicial ratificado a fines de marzo del año en curso ellos no permitirán que se ejecute el proyecto de saneamiento básico.
Además, manifestaron que procederán a taponear con cemento los canales de aguas residuales, lo que podría causar el colapso del desagüe de Juliaca.
SON AFECTADOS
Manifestaron que son un gran número de pobladores los sufren diferentes enfermedades por consumir agua contaminada; además, lamentaron la muerte de animales y el deterioro de sus terrenos, que se encuentran gravemente afectados.
REUNIÓN
Agregaron que durante una reunión se acordó realizar una sesión de coordinación el próximo viernes 20 de septiembre para evaluar avances y resultados en la lucha contra la contaminación de la cuenca Coata.
En ese sentido, exigieron que participe el alcalde de San Román, la gerente de Sedajuliaca, y otras autoridades involucradas.
ULTIMÁTUM
Finalmente, advirtieron que de no presentarse las autoridades convocadas, procederán a bloquear el cauce del río Coata desde el fin de semana, todo ello amparándose en el fallo judicial del 20 de setiembre del 2023, el que fue ratificado hace pocos meses.
ANTECEDENTES
En el año 2017 los pobladores de la cuenca Coata, Dionisio Barreda y Brígida Curo, presentaron una demanda de acción de amparo en contra la Municipalidad de San Román, Sedajuliaca, y entre otros por la contaminación de las aguas que consumen, que han provocado graves daños en la salud de sus habitantes y de sus animales.
Es así que luego de 6 años de lucha, el juez del Segundo Juzgado Civil San Román Andrés Carita emitió la sentencia N° 183, que responsabiliza a las referidas entidades de las condiciones insalubres que sufren los pobladores.
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