El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia, ha solicitado a la Corte Suprema la anulación de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. La decisión será tomada el 30 de septiembre, en un contexto donde Cerrón se encuentra prófugo desde hace 11 meses, pero sigue apelando a la justicia peruana en busca de beneficios legales.
La defensa de Cerrón, encabezada por su abogado Luis Mayhua, argumenta que la inhabilitación impuesta en 2023 carece de motivación suficiente en las resoluciones de las instancias judiciales anteriores. Mayhua insiste en que “la primera instancia y la segunda instancia no dan razones mínimas” para la sanción, y por ello solicitan que la Corte Suprema revise y anule la inhabilitación vigente.
Cerrón fue inhabilitado por el delito de negociación incompatible debido a irregularidades en una licitación de obra en La Oroya. En 2021, el Poder Judicial restableció una condena de cuatro años de pena suspendida contra el exgobernador regional de Junín. Su defensa ahora sostiene que la inhabilitación no debería proceder mientras exista un recurso de casación pendiente ante la Corte Suprema.
La Procuraduría, sin embargo, se mantiene firme en que la inhabilitación está bien ejecutada y ha sido confirmada en varias instancias judiciales. La procuradora pública Dayana Huamancaja subrayó que “el cómputo de la pena de inhabilitación debía iniciarse una vez resuelto el recurso de casación presentado por el ministerio público”.
El próximo 30 de septiembre, el juez supremo César San Martín tendrá la responsabilidad de decidir sobre el pedido de anulación de inhabilitación presentado por Cerrón. La audiencia está programada para las 8:20 a.m., y la resolución podría marcar un precedente sobre la interpretación del cómputo de las penas de inhabilitación cuando existe un recurso impugnatorio en curso. La expectativa gira en torno a si la Corte Suprema acogerá la petición de Cerrón o si mantendrá la sanción que lo aleja de la función pública.
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