La vida de una niña de solo 10 años de edad corre serio peligro de morir debido a que la junta médica no se reunió a tiempo para evaluar su caso, pese a tratarse de un embarazo producto de violación por parte de su padrastro.
La menor, que hoy tiene 26 semanas de gestación, fue diagnosticada en diciembre de 2025 con un embarazo de alto riesgo, pero la evaluación especializada se realizó recién semanas después, cuando ya había superado el límite legal para una interrupción terapéutica.
Ante este grave escenario, la Defensoría del Pueblo advirtió que la demora en la atención podría tener consecuencias fatales y exhortó al Ministerio de Salud a garantizar atención médica inmediata y especializada para la menor de edad.
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