Colusión en mercado de medicamentos genera desabastecimiento en Puno

La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi (DLC) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) de oficio contra 15 empresas y cinco personas naturales, por una presunta colusión en procesos de licitación para adquirir medicamentos y que fueron organizados por el Estado entre diciembre de 2006 y febrero de 2020.

Ello ha generado el desabastecimiento de medicamentos en hospitales de la región Puno. Entre los que destaca la Amoxicilina y Azitromicina, antibióticos utilizados en el tratamiento de infecciones; Metotrexato, un antineoplásico e inmunosupresor crucial para el tratamiento de leucemias agudas y cánceres de cabeza y cuello; Sulfato ferroso: un suplemento de hierro utilizado como antianémico.

El presidente de la Federación Médica Peruana, región Puno, Víctor Villar, indicó que este es un problema crónico. “Los gobernantes en lugar de vigilar lo que se hace, propician la concertación de grandes empresas, avaladas por el Congreso y esto no es de ahora, además se da en todos los sectores. Es aberrante”, cuestionó.

Dijo que en los hospitales, al menos del Ministerio de Salud, no se tiene paquetes completos de atención para los pacientes.

El Indecopi, tras dos años de investigación, ha encontrado indicios razonables de una posible práctica anticompetitiva en el mercado de medicamentos. Este proceso sancionador se ha basado en la revisión de múltiples pruebas, incluyendo interrogatorios a las personas implicadas e inspecciones.

En esta investigación se establecerá si las empresas colaboraron en la presentación de propuestas y abstenciones en las subastas organizadas por el Ministerio de Salud y EsSalud, con el objetivo de obtener las licitaciones para la compra de medicamentos en ambas entidades.

La Comisión de Libre Competencia del Indecopi dispone de un plazo de aproximadamente 18 meses para emitir una resolución sobre el caso. Si se determinan responsabilidades, las multas podrían alcanzar hasta el 12 % de los ingresos brutos de cada empresa implicada o de su grupo económico. Las sanciones económicas para las personas naturales podrían llegar hasta las 100 UIT, equivalentes a 515 mil soles.

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