Un segundo ‘aymarazo’ podría ser el desenlace de las pretensiones extractivas del gobierno de Dina Boluarte en la región Puno, luego de la autorización dada para explorar concesiones mineras en zonas fronterizas, sin haber realizado una consulta previa a las comunidades.
El expresidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de la región Puno, Hermes Cauna Morales, advirtió sobre esta posibilidad y recordó la lucha del año 2011, cuando el pueblo realizó una huelga de 45 días que culminó con la derogatoria del Decreto Supremo 083.
NO A LA EXPLORACIÓN
Ahora, ante la noticia de nuevas concesiones, incluyendo el proyecto Santa Ana, Cauna Morales afirma que el pueblo aymara no permitirá la exploración minera en sus territorios.
“Vamos a defender la tierra, no vamos a permitir la explotación de nuestros recursos, mucho menos la venganza política de los que nos gobiernan”, dijo, al tiempo de indicar que con lo ocurrido en 2011, el líder de ese entonces, Walter Aduviri, sigue siendo perseguido.
SEGUNDO ‘AYMARAZO’
El dirigente señaló que ya se están realizando reuniones en diferentes distritos y comunidades para organizar la resistencia; además expresó su preocupación por la falta de entendimiento del gobierno sobre la importancia de la licencia social y la consulta previa.
Advirtió que si el gobierno insiste en ejecutar estos proyectos mineros el pueblo aymara podría paralizar la región «con más fuerza aún», rechazando lo que consideran «caprichos» del gobierno actual.
ESTÁN ALERTAS…
Cabe precisar que durante las últimas semanas se han desarrollado reuniones en la zona limítrofe de Puno y Tacna, ante la posibilidad de exploración de nueve concesiones mineras, que afectarían directamente a las cuencas Maure y Huenque, por ende, a la población de la zona alta, perjudicando la actividad agropecuaria.
El dirigente de Capaso, Bernabé Ordóñez, alertó sobre trabajos en la zona y adelantó que presentarán un documento al Ministerio de Energía y Minas rechazando las pretensiones del Ejecutivo.
‘AYMARAZO 2011’
Una protesta surgió entre mayo y junio de 2011, durante las últimas semanas del gobierno de Alan García. El origen principal de los reclamos era la concesión minera Santa Ana, a cargo de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation (BCMC) y otorgada por el Ejecutivo.
El temor de los aymaras es que la misma minera que en 2020 pasó a manos de Proinversión, estaría a punto de ser entregada a la transnacional Barrick, que además exploraría «Coropuro» (Tarata), «Tres Marías» y «Pataqueña» en Tiquillaca Puno. Cauna Morales, dijo que no dudaría en liderar una segunda asonada.
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