La justicia argentina realizó 27 allanamientos mayoritariamente en comedores populares por denuncias de extorsión contra sus responsables, en momentos en que crecen los reclamos al gobierno de Javier Milei por la suspensión de la entrega de alimentos en miles de puntos de asistencia.
La causa busca determinar si existieron al menos 12 casos de extorsión por la entrega de ayudas a cambio de participación en manifestaciones contra al gobierno, basadas en denuncias anónimas y escuchas telefónicas.
«Los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero», indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Organizaciones sociales sostienen que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno.
Los allanamientos, sin arrestos, se realizaron el lunes y el martes de madrugada en distintos puntos de la capital argentina y su periferia.
Los allanamientos comprendieron casas particulares y sedes partidarias, como el local central del Partido Obrero (izquierda) de la capital argentina, según explicó su titular, Eduardo Belliboni, quien propuso «echar» de la organización a quien se compruebe que haya cometido una extorsión.
La causa se abrió en momentos en que crece la conflictividad y los reclamos de más asistencia social, así como la reanudación de la entrega de alimentos a comedores populares a cargo de oenegés.
Tras asumir el 10 de diciembre, el gobierno de Javier Milei suspendió la entrega de alimentos a miles de comedores, mientras audita el destino de los recursos que recibían.
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