Héber Peñaloza, representante de la Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales de Arequipa (Cadac), informó que las extorsiones también se han producido en su rubro. Esto como consecuencia de que ha aumentado el número de comerciantes que recurren por necesidad a los préstamos ‘gota a gota’ en relación al 2023.
Peñaloza explicó que para el 2024, entre ocho y nueve de cada 10 comerciantes de mercados, galerías y centros comerciales usan esta modalidad informal de crédito. Mientras que en 2023, eran siete de cada 10 los comerciantes implicados en estos préstamos.
Esto significa que la participación en estos créditos se incrementó de 70% hasta casi un 90%. Los montos también subieron, pues hace unos años lo común eran préstamos de S/2.000, pero ahora bordean los S/5.000.
Peñaloza indicó que la razón por la que muchos comerciantes acuden a los prestamistas informales, es porque las entidades financieras, como los bancos, no les otorgan créditos, o porque sus procedimientos son muy tediosos y sujetos al cumplimiento de varios requisitos.
PRÉSTAMOS
Por el contrario, los prestamistas del ‘gota a gota’, en su mayoría ciudadanos extranjeros, otorgan los créditos de forma inmediata y con una tasa de interés diaria, que es más baja de lo regular en el caso de nuevos clientes, para engancharlos.
Sin embargo, los problemas inician después, pues una vez cancelado el crédito, los prestamistas vuelven a otorgar otro préstamo, pese que no haya sido requerido, y con una tasa de interés mayor. Por lo que muchos comerciantes no llegan a igualarse con las cuotas y empiezan las intimidaciones y amenazas.
CONSECUENCIAS
Pese a ello, los comerciantes no denuncian debido a que reciben fuertes amenazas que implican a miembros de su familia. Esta situación, en algunos casos, según Peñaloza, ya ha originado que empresarios cierren sus establecimientos, y otros, donde la situación es más complicada, hasta han abandonado la ciudad.
Para evitar que esta situación continúe creciendo en la provincia de Arequipa, Peñaloza pidió a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y alcaldes, que coordinen estrategias para reducir las extorsiones y que no actúen cada uno por su lado.
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