El Estado peruano remitió un informe sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que recalcó y concluyó que no cometió desacato al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, en diciembre del 2023, restituyó el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.
La Corte IDH determinó el año pasado que el Estado peruano cometió “desacato” al ejecutar la referida sentencia y, además, dispuso que se realice una supervisión reforzada de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanas relacionadas a las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta; por los que se condenó a Fujimori a 25 años de prisión.
A quince días de haber presentado el informe, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, aseveró que el indulto de Alberto Fujimori se dio en estricto apego a los principios de “legalidad y de justicia” y pidió también que se respete la soberanía de las decisiones “internas y soberanas” del país.
“Nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo y ha seguido los procedimientos establecidos en el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia. El Perú exige que se respete su posición y nuestra soberanía jurídica nacional e internacional”, dijo Arana desde la sede del Minjusdh, en el distrito de Miraflores.
El integrante del Gabinete Ministerial detalló también que el informe fue elaborado por un equipo de agentes del Estado peruano ante la Corte IDH, quienes contaron con la asesoría de un experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
“Somos respetuosos del SIDH, pero quiero dejar en claro que el Estado peruano no va a permitir que su soberanía sea afectada por decisiones que sean injustas y que invadan nuestro sistema democrático y constitucional”, apuntó.
