¡Bajo la lupa! Tras la detención del alcalde del centro poblado La Rinconada, del distrito de Ananea, Lelis Enrique Quispe Ramos, por presuntos actos de corrupción; las investigaciones de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) han destapado la posible existencia de una red de implicados en este caso.
En las pesquisas preliminares aparece el juez de paz de La Rinconada, Elvis Gárate Incahuanaco, quien habría actuado como intermediario para llegar a un acuerdo entre el alcalde Lelis Quispe y la dueña de la discoteca «Casa Verde», de iniciales L.F.T.I.
¿REUNIÓN Y FAVORES?
En una de las reuniones supuestamente entre el juez de paz, el alcalde y la denunciante, las autoridades habrían advertido sobre un operativo para clausurar locales nocturnos y la colocación de bloques de cemento en las entradas.
Para evitar el cierre de su negocio, la dueña de «Casa Verde» habría acordado un pago de «cariño» de 2 mil soles al alcalde, quien a cambio se comprometería a que su local fuera el último en ser intervenido. Además, la dueña del local también habría entregado 500 soles al juez de paz, quien presuntamente presenció el “acuerdo”.
Este encuentro se habría realizado en la oficina del Juzgado de Paz durante la segunda semana de marzo de 2024.
“EL PELADO”
Las investigaciones mencionan a un individuo apodado «El Pelado», quien presuntamente sería el encargado de recibir los 35 mil soles de las coimas para luego entregarlos al alcalde Lelis Quispe.
Asimismo, en una de las reuniones, el alcalde también habría solicitado dinero para sus regidores, según la investigación, con el fin de evitar que se «quejaran», ya que al parecer tenían conocimiento de los supuestos sobornos.
EVIDENCIAS
Como parte de las pruebas, los agentes de la Dircocor de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, presentaron las supuestas conversaciones telefónicas entre el alcalde y la dueña de la discoteca «Casa Verde». Además, el dinero encontrado de 20 mil soles en el domicilio de Lelis Coaquira coincidiría con los códigos fotocopiados un día antes del operativo.
EL CASO CONTINÚA
Como se sabe, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para la autoridad edil, quien permanecerá en la cárcel mientras se esclarecen las acusaciones en su contra por presunta corrupción y cobro de coimas para evitar el cierre de locales nocturnos en la zona minera.
SU VERSIÓN
Sin embargo, Lelis Quispe niega las acusaciones y afirma que el dinero encontrado en su domicilio fue «sembrado» como represalia por sus operativos contra los night clubs y que, además, recibía amenazas de muerte por los cantineros.
La investigación continúa en curso y se espera que se determinen las responsabilidades de todos los presuntos implicados en una supuesta red de corrupción.
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