Para los representantes de las organizaciones sociales de la región Puno, la decisión de la Corte Suprema (que considera ilícitas las protestas), tiene como finalidad silenciar y criminalizar las manifestaciones.
Para el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Rubén Apaza, es un atentado a la libre expresión.
“Es un atentado contra los proceso de libre expresión… Están criminalizando la protesta social… están considerando como un delito. Es una expresión de temor hacia las manifestaciones futuras que se han anunciado”, declaró.
El abogado y analista político, Julio Rivas, señaló que la intención es criminalizar las protestas.
“En el fondo, la Corte Suprema, solo quiere criminalizar el derecho a la protesta, mientras que ellos tienen el derecho de hacer lo que gusten”, precisó el letrado.
Por su parte, el dirigente de la Fenate, Moisés Chipana, la intención de las autoridades judiciales es silenciar las luchas del pueblo.
«Todos estos grupos (de la ultra derecha), se han unido para amedrentar a la población y a eso obedece la decisión de la Corte Suprema. Yo sé que el pueblo no se dejará amedrentar», dijo.
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