Concesionarias que brindan el servicio de transporte público formal en Arequipa, integradas por 51 empresas con alrededor de 2.500 unidades, se reúnen hoy con el alcalde Víctor Hugo Rivera y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para exigir el cumplimiento de los contratos de exclusividad firmados en el marco del Sistema Integrado de Transporte, así como la infraestructura para pasar a la fase operativa. De lo contrario, evalúan tomar acciones legales.
De acuerdo a Augusto Peralta, gerente de Emarsitran, el Sistema Integrado de Transporte surgió en 2019 debido a los problemas que presentaba el transporte público en la ciudad.
Entonces, con el objetivo de ordenar y mejorar el servicio es que se concesionaron las rutas; no obstante, para ellos, cada empresa participante tuvo que cumplir con una serie de requisitos, siendo uno de los más importante el pago de la carta fianza. Resultado de ello es que el municipio, por este concepto, acumula S/17 millones de todas las concesionarias.
Otros requisitos fueron acreditar un número mínimo de flota; para esto las empresas se hicieron préstamos; brindar el servicio de manera interrumpida y no incrementar el pasaje urbano que tiene el valor de S/1 desde el 2016, esto a pesar de que el costo de vida ha incrementado y, por consiguiente, el precio de los combustibles.
Sin embargo, según Peralta, todo era sostenible hasta el año pasado, donde había límites entre formales e informales; pero desde que ingresó Rivera, sus ingresos se han reducido debido a que la informalidad ha incrementado, y ahora estas unidades circulan en las rutas concecionadas sin temor alguno porque la comuna ya no realiza operativos, e incluso el edil deslizó que en las próximas semanas se estaría declarando tránsito libre.
A esta problemática se suma que la comuna tampoco ha cumplido con los compromisos asumidos durante el contrato. Por ejemplo, no ha garantizado la infraestructura requerida para la operatividad del sistema. Estamos hablando de paraderos, semáforos, estaciones, señalización, pago electrónico, entre otros; lo cual no permite pasar a la fase operativa, donde se evaluará el incremento del pasaje, siempre y cuando haya sustento técnico.
Para exponer toda esta problemática, las concesionarias solicitaron una audiencia con el alcalde, la cual se desarrollará hoy, y dependiendo de los nuevos compromisos que asuma el municipio provincial, los gerentes evaluarán proceder legalmente o no.
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