Luego de más de 7 años recién se conocerá el próximo viernes 18 de noviembre cuál será la sentencia final que recibirá el alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, por el caso de la compra irregular de cuarenta cámaras de videovigilancia para el distrito de Alto Selva Alegre, cuando era burgomaestre de dicha jurisdicción.
La Sala Transitoria Especializada en Extinción de Dominio, que resuelve apelaciones de casos de corrupción de funcionarios en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, anunció que la sentencia será emitida a partir de las 14 horas con 30 minutos al actual alcalde de la ciudad y a otros exfuncionarios de Alto Selva Alegre que participaron en la supuesta compra irregular.
El colegiado compuesto por los jueves superiores Orlando Abril Paredes, Luis Madariaga Condori y Manfred Vera Torres cerró el debate tras escuchar el alegato de las defensas de los cinco sentenciados. Estos son Candia Aguilar; Juan Lipa Lizárraga, exsubgerente de Logística; Reynaldo Díaz Chilo, exjefe de Servicios Comunales; José Ríos Sánchez, empresario; y Sandro
Martínez Sardón, consultor del proyecto.
DESARROLLO DE JUICIO
Durante las sesiones programadas se escucharon los argumentos de la apelación presentada por el Ministerio Público, que sustentó el incremento de la pena para cada uno de los sentenciados; mientras que la Procuraduría postuló se declare infundada la reparación civil fijada en S/36 mil y se fije una nueva por un monto de S/2 millones.
Por su parte, los acusados junto a sus abogados expusieron su defensa, y en el turno de Candia, este nuevamente ratificó su inocencia, pidiendo que sea liberado por completo del proceso, argumentando una vez más que no tuvo participación alguna en la contratación de la empresa ganadora de la licitación, porque delegó toda responsabilidad en los funcionarios.
PROCESO
Cabe recordar que en la última lectura de sentencia, que se produjo el 30 de diciembre del 2022, y que fue apelada por el edil, se le declaró culpable y fue sentenciado a 6 años de pena privativa de la libertad. Pero al igual que Candia, el Ministerio Público apeló porque consideró que 6 años son muy pocos, por lo que pidieron ampliar la pena a 9 años.
Este juicio inició en 2015 y se debió a la adquisición de 40 cámaras de videovigilancia para el distrito, la que se habría hecho de forma irregular para favorecer a la empresa Soluciones Andinas.
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