Arequipa. Las principales universidades de la región Arequipa que consiguieron su licenciamiento tras superar los indicadores que exigía la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) exigen que se respete la reforma educativa. Y rechazan los proyectos de ley aprobados en la Comisión de Educación del Congreso que otorgan un nuevo plazo de dos años a las universidades privadas que no lograron el licenciamiento para seguir trabajando en su adecuación.
Según los parlamentarios, esta ampliación es a favor de los estudiantes que quedaron a la deriva como consecuencia del cierre de su universidad. Sin embargo, Patricio Quintanilla, rector de la Universidad La Salle, señaló que el 70% de los más de 10 mil alumnos afectados en la región Arequipa ya se ha incorporado a otras casas de estudio. Por lo tanto, un nuevo plazo solo responde a otros
intereses, asegura.
Este posición es respaldada por las universidades San Agustín, Católica Santa María, San Pablo y La Salle, que sí lograron licenciarse a partir del 2019, a diferencia de otras cinco casas de estudio que fueron denegadas y que estaban ubicadas en la provincia.
Se trata de las universidades: Alas Peruanas, filial Arequipa, que albergaba a más de 9 mil estudiantes; Autónoma del Sur, con 644 universitarios; Autónoma San Francisco, 567; Ciencias de la Salud (UCS), 390; y la Escuela de Posgrado San Francisco Xavier de Arequipa, con 17 alumnos.
CIERRE
Vale recordar que el cierre de estas universidades fue debido a que no cumplían con los indicadores requeridos para operar. De 44 items, la mayoría de casas de estudio no pasó ni la mitad. Los indicadores ausentes giraban en torno al déficit de inversión en investigación, infraestructura inadecuada, maestros que incumplían con el perfil profesional, programas no certificados, entre otros factores.
Pese a estas circunstancias, en los últimos días, la mayoría de congresistas se inclinó a favor de dicho predictamen. En el caso de los parlamentarios de la región Arequipa, más de la mitad estaría a favor. Es el caso de Ricardo Medina, del partido político Renovación Popular; y Edwin Martínez, de la agrupación Acción Popular.
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