La Corte Suprema declaró infundado el pedido para cancelar la inscripción del partido político Fuerza Popular, presentado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien acusó a la agrupación de presunta “conducta antidemocrática”. Con esta decisión judicial, el partido que lidera Keiko Fujimori sigue en carrera en las Elecciones Generales 2026.
La resolución fue emitida por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, que evaluó el requerimiento interpuesto en septiembre último por Espinoza Valenzuela. En dicho documento, la entonces titular del Ministerio Público solicitó la cancelación del registro de Fuerza Popular, alegando vulneraciones a los principios democráticos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).
Según el fallo judicial, la solicitud fue rechazada porque los argumentos expuestos no cumplían con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, además de carecer de una justificación constitucional sólida. La sala precisó que no se acreditó una afectación real al sistema democrático que amerite una medida tan extrema como la ilegalización de un partido político.
El tribunal también señaló que no se ha demostrado una vinculación directa entre Fuerza Popular y organizaciones como “La Resistencia”, “Los Combatientes”, “La Insurgencia” o “Los Patriotas”, a las que se acusaba de presuntamente amedrentar a autoridades del sistema de justicia. En ese sentido, la Corte advirtió que aceptar el pedido habría significado una grave afectación al pluralismo político y a derechos fundamentales como la participación política, la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a elegir y ser elegido.
En su requerimiento, Delia Espinoza sostuvo que Fuerza Popular habría infringido el artículo 14 de la LOP al promover, según su criterio, acciones contrarias a los principios democráticos, incluyendo presuntos atentados contra magistrados, periodistas y opositores políticos, así como la legitimación de la violencia como método político. No obstante, la Corte Suprema concluyó que dichos señalamientos no fueron debidamente sustentados, permitiendo así que la agrupación continúe en la competencia política rumbo a los comicios del 2026.
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