La eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel en Bolivia ha generado una fuerte crisis económica y social, no solo en ese país sino también en las zonas fronterizas del sur del Perú, donde durante años se desarrolló el contrabando de combustibles que movía millonarias sumas de dinero.
Tras esta medida, el Estado boliviano estaría ahorrando aproximadamente 10 millones de dólares diarios, golpeando directamente a los sindicatos y redes dedicadas al tráfico ilegal de carburantes.
Como consecuencia, los vendedores informales han dejado de adquirir combustible extranjero, situación que ya se evidencia en la limitada presencia de comercializadores de gasolina en el distrito fronterizo de Desaguadero (Bolivia).
Asimismo, diversas localidades peruanas que dependían de esta actividad ilícita hoy enfrentan escasez de combustible y una paralización económica, evidenciando el impacto directo de la decisión gubernamental.
A este panorama se suma la reducción del flujo de personas y vehículos en los pasos fronterizos, afectando a pequeños comerciantes, transportistas y familias que, de manera directa o indirecta, subsistían de esta cadena informal. En distritos del sur del país, especialmente en Puno y zonas aledañas, se reporta un incremento en los costos del transporte y una disminución de actividades comerciales, lo que ha generado preocupación entre la población local ante la falta de alternativas económicas inmediatas.
Cabe resaltar que paralelamente, la situación social en la frontera se ha visto convulsionada por el impacto de la suba de precios.
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