La Contraloría detectó graves irregularidades en la obra de ampliación del Complejo Penitenciario de Arequipa, principalmente la ausencia de sistemas de gestión de la calidad y de control contractual, lo que permitió la ejecución de trabajos con deficiencias estructurales que ponen en riesgo la resistencia y vida útil de la infraestructura. A ello se suman errores en los procesos de contratación directa y falta de celeridad administrativa, a pesar de la crítica sobrepoblación penitenciaria que enfrenta la región.
Como se recuerda, el proyecto fue aprobado en 2017 con un presupuesto inicial de S/ 183.1 millones, reformulado en 2018 por S/ 191.5 millones y adjudicado al Consorcio Penitenciario Misti con un plazo de ejecución de 810 días calendario. Sin embargo, el contrato fue resuelto en setiembre de 2021, cuando el avance físico apenas era del 43%, quedando partidas inconclusas y observaciones técnicas sin levantar.
En ese marco, el ente de control identificó tres irregularidades cometidas en dicho proceso. La primera irregularidad identificada corresponde a la carencia de un sistema de control y aseguramiento de la calidad, lo que impidió detectar oportunamente deficiencias en elementos de concreto armado, muros, instalaciones y acabados, situación que generó incumplimientos contractuales y derivó en la resolución tanto del contrato de ejecución como del contrato de supervisión de la obra, paralizando el proyecto desde 2021.
La segunda irregularidad se relaciona con inconsistencias en los procedimientos de contratación directa para la ejecución del saldo de obra, donde se invitó a proveedores que se encontraban inhabilitados o no cumplían los requisitos de calificación, provocando la nulidad de dos procesos durante el año 2025 y retrasando por más de 9 meses la reactivación del proyecto debido a deficiencias normativas internas y falta de continuidad en la gestión.
Finalmente, la tercera irregularidad está vinculada a la falta de celeridad en la contratación del servicio de supervisión, proceso que demoró más de ocho meses, hasta su adjudicación en noviembre de 2025, por S/ 9 millones, restando efectividad al contrato mientras no se reactive la ejecución del saldo de obra.
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