Las familias de las víctimas de las protestas sociales de los años 2022 y 2023 salieron nuevamente a las calles, esta vez en Apurímac, al cumplirse tres años de los hechos, para exigir justicia y denunciar el archivamiento de investigaciones contra presuntos responsables del gobierno de Dina Boluarte.
La movilización fue convocada por la Asociación Nacional de Mártires y Víctimas de las Protestas, y contó con la participación de deudos provenientes de Puno, Ayacucho, Cusco y otras regiones del país.
Al respecto, Raúl Samillán Sanga, representante de la asociación, cuestionó duramente al Congreso, al fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez, y a las autoridades del Ejecutivo, señalando que existe un abandono total hacia las víctimas. Indicó que el Estado no ha cumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y alertó sobre la situación de huérfanos y heridos que aún no reciben atención médica adecuada.
En tanto, los manifestantes rechazaron la destitución de la fiscal Delia Espinoza, quien investigaba los casos, y denunciaron que el recorte presupuestal al Ministerio Público y la desactivación de equipos especiales buscan frenar las investigaciones.
La asociación anunció que las jornadas de protesta continuarán en Ayacucho el 15 de diciembre, reafirmando que seguirán movilizándose hasta que se sancione a los responsables de las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
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