Los peruanos lo saben: para el 55%, el expresidente Pedro Castillo es culpable de intentar un golpe de Estado y/o de actos de corrupción.
Las cifras de Ipsos que muestra hoy Perú21 reflejan que son más los ciudadanos convencidos de que el exmandatario sí cometió ese delito que los que consideran que es “inocente de todas las acusaciones”, indicador que alcanza el 36%.
A finales de noviembre, Castillo fue condenado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. En diciembre de 2022 intentó disolver el Congreso, gobernar por decreto y obtener poderes amplios de otras instituciones públicas que sostienen la democracia, pero ninguna entidad acató sus órdenes.
A la par, Castillo también es investigado por la Fiscalía por actos de corrupción. Está involucrado en los expedientes de los casos Tarata II (donde se revisa si existió una red de corrupción en el Ministerio de Transportes que favoreció a empresas a cambio de coimas), Petroperú (donde se indaga si benefició a una empresa de nombre Heaven Petroleum Operators en adjudicaciones millonarias de biodiésel), ascensos irregulares en las FF.AA. y Policía, y otro caso donde se dilucida si armó una red para direccionar obras públicas municipales en Cajamarca. Además, tiene una investigación por presunta malversación de fondos.
En la encuesta de Ipsos se ve que el 28% considera que Castillo es culpable de intentar un golpe de Estado, pero también de hechos de corrupción. En tanto, el 9% opina que no es culpable del golpe, pero sí de corrupción.
QUE NO SE VAYA BETSSY
De otro lado, Ipsos también preguntó a los peruanos qué debería hacer el gobierno de José Jerí con la expremier Betssy Chávez, también condenada por el golpe de Estado y quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Perú desde inicios de noviembre de este año.
La respuesta fue contundente: solo el 16% cree que se debe permitir que viaje a México a través de un salvoconducto. El 38% piensa, incluso, que las fuerzas del orden del Perú deben irrumpir en la sede de la embajada mexicana para arrestarla y llevarla a un penal común. Ese indicador alcanza el 45% en Lima y el 50% en el centro del país.
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