La Fiscalía Anticorrupción de Puno, a cargo del fiscal William Otazú, realizó ayer una diligencia en la Municipalidad Provincial de San Román (MPSR) en relación a un presunto caso de cohecho que involucra a un regidor de la institución. La medida se adoptó tras la difusión de un reportaje de Sin Fronteras que señala al regidor Ovidio Edgar Tumi Miranda por exigir pagos irregulares durante la ejecución de obras viales en Juliaca.
APERTURAN INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
“La diligencia se ha realizado a raíz de la propagación de los medios de comunicación que ha salido en relación a que estaría involucrado un regidor de esta municipalidad”, declaró Otazú, quien indicó que se aperturará una investigación preliminar de 60 días para recabar más evidencias y tomar declaraciones. “Estamos hablando de un delito de cohecho, que, al ser el involucrado un funcionario público, corresponde a nuestra Fiscalía haber intervenido”, añadió.
Agregó que, durante la diligencia, la Municipalidad de San Román colaboró proporcionando toda la documentación solicitada.
La intervención contó con la participación del Ministerio Público y la policía especializada, asegurando que se actúe de manera inmediata ante cualquier indicio de corrupción en la gestión municipal.
ALCALDE ARREMETE
En tanto, el alcalde de San Román, Oscar Cáceres Rodríguez, solicitó formalmente a la procuradora pública municipal, Yaquely L. Mamani Ñaupa, iniciar las acciones legales correspondientes ante los presuntos actos de corrupción.
La solicitud se realizó ayer a través del oficio N.° 803-2025-MPSR-J/ALCA el cual detalla que, la medida se enmarca en el principio de transparencia de la gestión municipal y en cumplimiento del artículo 29 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificado por la Ley N.° 31433.
POSIBLES CONSECUENCIAS LEGALES
Al respecto, el abogado Juan Echenique Cáceres explicó que, de confirmarse que el regidor solicitó prebendas, podría ser sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, además de inhabilitación y multa.
Indicó que el Ministerio Público debe investigar de oficio y que la Procuraduría Municipal debió formular la denuncia para agilizar el proceso.
Además, Echenique advirtió que la investigación también deberá determinar la responsabilidad de los familiares implicados, su hija y cuñado como coautores, cómplices o instigadores, dependiendo de su grado de participación en los hechos.
ANTECEDENTE
El caso se vincula con la obra de pistas y veredas en las urbanizaciones Tambopata I y San Pedro, valorizada en S/ 5 millones 436 mil. Se revelaron depósitos a su hija y cuñado por 12 mil soles, pero ha trascendido que habría pedido 500 mil soles y que le dieron más de la mitad.
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