El asesinato de un conductor de transporte público en Chorrillos ha provocado la indignación del gremio transportista, cuyo representante Martín Ojeda declaró que el estado de emergencia decretado “no sirve para nada en lo absoluto”.
Ojeda exigió una reunión urgente con el presidente de la República, argumentando que los protocolos gubernamentales son insuficientes ante la escalada de violencia que ha dejado más de 25 unidades quemadas en las últimas dos semanas.
Esta posición surge tras las protestas de octubre y noviembre, cuyos resultados el propio líder califica como inútiles, al señalar que un cambio de gobierno no garantiza una mejora si persiste la incompetencia estatal en todos los poderes.
La frustración se profundiza por la percepción de impunidad, ya que Ojeda cuestiona quién se atrevería a denunciar a los extorsionistas ante la inoperancia del sistema judicial y el Ministerio Público.
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