Un grupo de oficiales de la Policía investigados por las muertes, personas heridas e intervenciones irregulares durante las protestas contra el Gobierno y el Congreso de 2022 y 2023 fueron ascendidos, en diciembre de 2024, por el entonces ministro del interior Juan José Santiváñez. Se trata de los mayores Carlos Quispe, Carlos Cubas, Clever Aira y Gianfranco Tolentino, y de los comandantes Johao Aburto e Ysaías Paredes. Los abogados de los deudos denuncian estos hechos como un mensaje de impunidad para las fuerzas de seguridad. Aunque el Equipo Especial de fiscales para víctimas de protestas sociales abrió 59 investigaciones, hasta ahora, ningún responsable ha sido sancionado.
Seis altos mandos de la Policía investigados por la represión a las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso fueron ascendidos a través de dos resoluciones del 20 de diciembre de 2024, suscritas por el exministro del interior Juan José Santiváñez y actual candidato al Senado con el partido político Alianza Para el Progreso (APP).
Con su venia, los capitanes PNP Carlos David Quispe Yasan, Gianfranco Alessandro Tolentino Farfán, Carlos Denis Cubas Pizarro y Clever Luis Aira Macedo pasaron al grado de mayor, y los oficiales Johao Luis Aburto Guerrero e Ysaías José Paredes Gálvez ascendieron a comandantes.
OjoPúblico identificó que ellos afrontan imputaciones por presunto homicidio por omisión, intento de homicidio, lesiones leves y graves y abuso de autoridad, en un contexto de violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones de Lima, Ica, Apurímac y Puno.
Hasta ahora, el Ministerio Público ha iniciado 59 investigaciones fiscales para encontrar a los responsables de la represión: 15 están en etapa preliminar, 36 en indagación preparatoria, dos en etapa intermedia (control de acusación) y dos en juicio oral. Este medio no pudo conocer el estado preciso de las cuatro investigaciones restantes a la fecha.
Del total, cuatro expedientes involucran a los policías ascendidos, de acuerdo a documentos del Equipo Especial de Fiscales para Víctimas de Protestas Sociales (Eficavip) y resoluciones a las que accedió OjoPúblico.
Para los abogados Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Cesar Quispe Calsín y Juvenal Borda Orihuela, quienes representan a las víctimas y deudos de Lima, Puno y Apurímac, estos ascensos son un mensaje de impunidad y de respaldo a los efectivos sindicados. “Evidencia el desprecio de las autoridades”, dijo Pérez Aguilera. Quispe Calsín y Borda Orihuela coincidieron, por su parte, en que se está premiando a los responsables.
La represión del Gobierno de Dina Boluarte Zegarra a esas manifestaciones dejó 49 fallecidos. El 36% de ellos, en la región Puno.
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