La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) confirmó el cierre definitivo de siete universidades en el transcurso del 2025, luego de un proceso de evaluación que terminó con la denegación de sus licencias institucionales.
La medida responde al incumplimiento sostenido de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), exigidas por la Ley Universitaria para garantizar servicios académicos adecuados.
Aunque el listado completo ya se hizo público, lo que más llama la atención es el patrón de deficiencias encontrado, similar en todas las instituciones afectadas.
Según la Sunedu, los problemas más graves se concentran en infraestructura inadecuada, baja producción científica, ausencia de docentes a tiempo completo, servicios estudiantiles deficientes y mecanismos débiles de inserción laboral. Todos estos puntos, repetidos en distintas regiones, evidencian una precariedad que la entidad reguladora decidió no pasar por alto.
¿Cuáles serán las universidades que cerrarán?
Las instituciones que deberán cesar sus actividades académicas en fechas programadas son:
- Universidad Alas Peruanas (UAP) – marzo
- Universidad José Carlos Mariátegui (UJCM) – abril
- Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) – abril
- Universidad Científica del Perú (UCP) – agosto
- Universidad Privada San Carlos – agosto
- Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) – diciembre
En varios de estos casos, la Sunedu determinó que los locales universitarios no estaban operativos ni ofrecían condiciones mínimamente seguras.
Se detectaron obras inconclusas, laboratorios sin equipamiento funcional, ambientes sin ventilación adecuada y problemas en la disponibilidad de servicios básicos como agua potable, telefonía e internet. Además, la ausencia de protocolos de seguridad representaba un riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo.
Otro de los motivos que pesó en las resoluciones fue la falta de políticas claras y procedimientos efectivos para promover la investigación.
En numerosas universidades se verificó la inexistencia de comités científicos, escasa participación en proyectos y centros de investigación que solo existían en papel. En algunos casos, menos del 10% del presupuesto asignado a investigación había sido utilizado.
La Sunedu también identificó que muchas de las iniciativas de investigación no lograban completarse o eran aprobadas sin criterios técnicos. La producción académica era mínima y no respondía a estándares nacionales ni internacionales.
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