Proyecto incluye nueva figura de “solicitud extorsiva”, mayor participación policial en audiencias y penas más severas para minería ilegal
El presidente José Jerí prepara un conjunto de reformas legislativas que buscará aprobar mediante facultades delegadas por el Congreso, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad. La iniciativa incorpora cambios al Código Procesal Penal y nuevas medidas para combatir delitos como extorsión, lavado de activos, minería ilegal y tráfico de datos personales.
Según reveló el periodista Fernando Vivas en El Comercio, el paquete normativo es impulsado por Silvia de la Cruz, titular de la Dirección General Contra el Crimen Organizado (DGCO). Una de las principales propuestas permitirá que policías especializados intervengan en audiencias de prisión preventiva como soporte técnico del Ministerio Público, a fin de fortalecer los argumentos de la Fiscalía frente a organizaciones criminales.
Además, el proyecto endurece las penas contra la minería ilegal y sanciona el tráfico de minerales provenientes de esta actividad. Otra reforma clave plantea modificar la Ley de Protección de Datos Personales para facilitar el intercambio de información entre entidades públicas, bancos y gremios, bajo estrictos parámetros de confidencialidad, con el fin de combatir fraudes, extorsiones y lavado de dinero.
En el ámbito digital, el Gobierno propone penalizar la compra, venta y tráfico de bases de datos robadas, sancionando tanto al autor del robo como a quien comercializa la información.
También se incorpora un nuevo delito: “solicitud extorsiva”, que castigará amenazas realizadas mediante llamadas, mensajes o uso de datos personales, incluso cuando no exista violencia física. Asimismo, se plantea crear el Fichero Nacional de Titularidades Financieras, que permitirá a la policía y a los fiscales acceder a información bancaria relevante en investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A esto se suma la tipificación del delito de revelación indebida de información reservada por parte de funcionarios públicos.
El paquete legislativo cuenta con respaldo ciudadano. Una reciente encuesta de Datum para El Comercio señala que el presidente Jerí alcanza un 58 % de aprobación a nivel nacional, llegando a 63 % en el norte y 62 % en Lima y Callao. En el sur, el apoyo se sitúa en 46 %.
Las autoridades advierten que el comercio de productos falsificados, impulsado en parte por organizaciones como el Primer Comando Capital, opera hoy a niveles comparables con el tráfico de cocaína, incrementando la urgencia de estas reformas.
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