La ruta del dinero atribuida por la Fiscalía a Martín Vizcarra en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua se sostiene en una secuencia de llamadas, encuentros, reajustes contractuales y movimientos contables registrados entre fines de 2013 y 2014. La hipótesis fiscal indica que el exgobernador habría recibido montos ilegales de Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecer procesos de adjudicación.
Las coordinaciones atribuidas al expresidente incluyen a múltiples representantes de constructoras: Elard Tejeda, gerente de Obrainsa; Rafael Granados Cueto, exdirectivo de ICCGSA; José Manuel Hernández, entonces consultor vinculado al sector; José Javier Jordán y Jorge Armando Iturrizaga, quienes aparecen en la cadena de contactos sobre el Hospital de Moquegua. También figuran trabajadores administrativos como Diego Agurto Albán, María Inés García Arias, Tobías Puertas Gutiérrez y Rosa Carmen Ríos Quinteros, que gestionaron salidas de dinero.
La acusación incorpora además los documentos enviados por UNOPS, la firma de contratos, las fechas de la buena pro y los reajustes económicos que —según la fiscalía— se alinearon con los periodos de negociación ilícita. Toda la reconstrucción se basa en colaboraciones eficaces, reportes contables y actas institucionales.
Lomas de Ilo: llamadas, reajustes y pagos que reconstruye la Fiscalía
El caso Lomas de Ilo inicia el 4 de noviembre de 2013, cuando UNOPS pide un reajuste a la propuesta económica del consorcio liderado por Obrainsa. Al día siguiente, según la Fiscalía, Martín Vizcarra se comunica con Elard Tejeda, gerente de la constructora, para concertar una reunión en la que se habría solicitado un beneficio ilícito. La respuesta de UNOPS llegó el 7 de noviembre, fijando un nuevo monto de S/ 80,9 millones, cifra que luego fue recomendada y aprobada por la región.
En diciembre, Vizcarra y Tejeda sostuvieron nuevas comunicaciones vinculadas al alquiler de una avioneta y a la firma del contrato, que se concretó el 6 de diciembre de 2013. Para la Fiscalía, este periodo fue clave porque permitió coordinar los pagos posteriores que, según los colaboradores eficaces, se entregarían en efectivo semanas más tarde.
El 24 de enero de 2014, la Fiscalía registra llamadas en las que Vizcarra pide el “saldo pendiente”. Ese mismo día, Tejeda coordinó internamente las gestiones para obtener dinero de caja chica. La investigación señala que empleados administrativos como Diego Agurto Albán y María Inés García Arias procesaron las salidas de efectivo con apoyo de Tobías Puertas. Una asistente, Rosa Ríos Quinteros, declaró haber visto al entonces gobernador en las oficinas de Obrainsa.
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