El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala, un exsuboficial y otros tres militares por presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada ocurridos en la base militar de Madre Mía durante los años 90, bajo su mando
El expresidente Ollanta Humala Tasso vuelve a estar bajo la lupa judicial. La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo – sede Lima Centro formalizó una investigación preparatoria en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la base militar de Madre Mía (San Martín) en la década de 1990, cuando el entonces oficial del Ejército tenía el control de la zona.
Según la disposición fiscal N.º 22, emitida el 24 de septiembre, la investigación alcanza también al exsuboficial Amílcar Gómez y a otros tres militares por los presuntos delitos de homicidio calificado (asesinato) en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva, así como por desaparición forzada en perjuicio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.
El Ministerio Público sostiene que los hechos se enmarcan dentro de un contexto de crímenes de lesa humanidad, al haberse cometido presuntamente durante el conflicto armado interno contra el terrorismo.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Poder Judicial, notificó la decisión fiscal y declaró el caso como “investigación compleja”, fijando un plazo de ocho meses para su desarrollo, con fecha de vencimiento el 24 de mayo de 2026. Además, dispuso registrar a los investigados en el Registro Nacional de Procesados por el delito de desaparición forzada y les impuso comparecencia simple, al no haberse solicitado medidas coercitivas personales.
Cabe recordar que la Corte Suprema archivó en el 2009 el proceso que Humala enfrentó por el mismo caso, al considerar que no existían pruebas suficientes para llevarlo a juicio oral. Sin embargo, nuevos indicios habrían motivado la reapertura de la investigación.
Actualmente, Ollanta Humala cumple una condena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate, por el delito de lavado de activos relacionado con los presuntos aportes ilegales a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
La Fiscalía busca ahora esclarecer los hechos ocurridos en Madre Mía, uno de los episodios más controversiales del conflicto interno, y determinar si existió responsabilidad penal del exmandatario y los exmilitares involucrados.
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