Las denuncias por extorsión aumentan más de 60% en Puno y casi 30% en Arequipa en lo que va del año, mientras el gasto en seguridad permanece entrampado en la burocracia. La vacancia de Dina Boluarte agrava la sensación de vacío frente al crimen organizado
El sur del país enfrenta una ola delictiva sin precedentes. Las denuncias por extorsión crecieron 64,2% en Puno y 29,9% en Arequipa entre enero y septiembre de 2025, según datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL). En conjunto, ambas regiones superan las 500 denuncias, mientras el gasto nacional en seguridad apenas alcanza una ejecución del 57% de los S/14.304 millones presupuestados, de acuerdo con ComexPerú. La reciente vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso por “incapacidad moral permanente” ante su fracaso en la lucha contra el crimen organizado, dejaría al país sumido en la incertidumbre. Ahora, el presidente José Jerí deberá enfrentar el reto de frenar el avance delictivo que asfixia al sur.
Puno: epicentro de la extorsión fronteriza
En Juliaca, las mafias aprovechan el caos urbano y las rutas de transporte hacia Bolivia para imponer el cobro de “vacunas” a comerciantes y transportistas. Hasta agosto se registraron 150 casos, el mayor incremento del sur andino. Sin embargo, la respuesta estatal sigue siendo mínima: la ejecución presupuestal regional apenas llega al 60%, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La inacción se agrava por la existencia de 273 obras paralizadas por más de S/1.690 millones, entre ellas comisarías y proyectos de seguridad. Con un 69% de informalidad, Puno se habría convertido en terreno fértil para el crimen organizado. Empresarios locales confirman que han cerrado negocios ante las amenazas constantes.
Arequipa: turismo y empresas en la mira
Arequipa registra 388 denuncias por extorsión en lo que va de 2025, un aumento del 29,9% respecto al año anterior. Las bandas criminales apuntan a sectores estratégicos como el turismo, el transporte y la agroexportación, según la Cámara de Comercio e Industria local. Aunque la región lidera la ejecución presupuestal con 82%, gran parte del gasto se destina a sueldos y administración, limitando la capacidad operativa.
Además, Arequipa enfrenta 146 obras inconclusas por unos S/5.000 millones, incluyendo proyectos penitenciarios paralizados por sobrecostos y conflictos contractuales. “Pagamos impuestos para seguridad, pero el dinero se va en oficinas, no en cámaras ni patrullaje”, expresó un comerciante indignado, reflejando el sentir de muchos ciudadanos.
Crisis de gestión y oportunidad perdida
La ineficiencia pública asfixia los esfuerzos de prevención y deja a las regiones del sur a merced del crimen. Con presupuestos que no se ejecutan y obras abandonadas, la inseguridad erosiona la economía regional y la confianza ciudadana. Sin una reforma urgente que agilice la gestión pública y fortalezca la respuesta policial, Puno y Arequipa seguirán atrapadas en un círculo de violencia e impunidad.
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