La Fiscal de la Nación Delia Espinoza solicitó formalmente la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular, acusando al partido de conducta antidemocrática sistemática.
El expediente judicial detalla que la organización vulneró derechos fundamentales y promovió ataques contra magistrados, funcionarios, opositores políticos y periodistas independientes.
La fiscal argumenta que el partido legitimó la violencia como método para conseguir objetivos políticos, lo que justificaría su ilegalización inmediata.
La solicitud pide la eliminación total del registro de organizaciones políticas, medida que marcaría un precedente histórico en la lucha contra prácticas antidemocráticas.
Este caso representa el clímax de múltiples investigaciones sobre el accionar del fujimorismo en la vida política nacional, según analistas constitucionales. El Jurado Nacional de Elecciones deberá resolver la solicitud en las próximas semanas.
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