Un cartucho de dinamita o ‘cartucho’ puede costar solo S/ 10 en el mercado negro de Puno y Cusco. Esto fortalece las mafias de mineros ilegales, así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en Puno. Este explosivo se ha convertido en el insumo preferido de las organizaciones criminales que controlan esta ilícita actividad y la extorsión en el sur del Perú.
Según José Luis Quequesana, adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría,, los explosivos ingresan al mercado negro a precios tan bajos como diez o doce soles por cartucho, lo que permite su masiva utilización en socavones clandestinos y en ataques extorsivos. “La dinamita formal termina en el mercado ilegal, donde puedes conseguir un cartucho sin ningún control. Estos no son rastreados, van a parar a manos de los extorsionadores y mineros ilegales”, dijo.
GRAN NEGOCIO
La minería ilegal en el país gasta entre 800 millones y 1 mil millones de dólares al año en explosivos desviados de los canales formales. Parte de ese material, según la Defensoría, ingresa también de contrabando desde Bolivia y circula por las rutas de Cusco y Puno, donde se ha convertido en un negocio paralelo que enriquece a mafias locales.
NO HAY CONTROL
La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), responsable de la regulación, ha sido cuestionada por su débil fiscalización. “Un lapicero tiene un código de barras que permite rastrear su origen y destino. ¿Por qué un cartucho de dinamita no?”, reclamó Quequesana.
La falta de trazabilidad, sumada al control insuficiente en el traslado y almacenamiento, facilita que parte de la dinamita legal acabe desviada.
Alianzas peligrosas
El material explosivo no solo es usado en campamentos ilegales. También alimenta la violencia urbana en el sur andino. “La extorsión y la minería ilegal son dos caras de la misma moneda”, explican fuentes de seguridad, que advierten que las mafias aprovechan el acceso fácil y barato a dinamita para sembrar miedo en comerciantes, transportistas y empresarios locales.
Reformas urgentes
La Defensoría del Pueblo ha convocado a la Sucamec, la Policía Nacional y el Ministerio de Energía y Minas a adoptar medidas urgentes.
Especialistas proponen que cada cartucho tenga un código de serie para rastrear su origen y destino, que se restablezca la obligación de custodia policial en el traslado, tal como ocurría en años anteriores. Sin estas reformas, la dinamita barata seguirá siendo el motor que alimenta la minería ilegal.
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