Una adulta mayor sacó un préstamo que resultó ser una estafa y terminó desalojada en San Juan de Lurigancho. Tarcila, quien asegura haber confiado en una amiga en 2015, relata que firmó documentos pensando en un simple préstamo, pero luego descubrió que había perdido la titularidad de su vivienda.
La notificación de desalojo recién llegó en 2022, cuando ya era demasiado tarde para revertir el proceso.
El caso afecta no solo a ella, sino también a 75 personas que dependían de su comedor popular, pues todas sus pertenencias fueron sacadas a la calle mientras cocinaba.
Con lágrimas en los ojos, pide ayuda legal al Estado, ya que no sabe leer ni escribir, lo que la dejó vulnerable ante este engaño. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer son ahora su última esperanza.
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