Indignación ha generado en la población que el médico Régulo Mamani Cachicatari, quien fue sentenciado por el Poder Judicial por el delito de cohecho pasivo impropio, continúe laborando en el Hospital San Martín de Porres de Macusani, pese a que la normativa de administración pública impide que una persona con sentencia penal firme ejerza funciones en el sector público.
El caso se remonta al 10 de abril del 2019, cuando la ciudadana Angélica Vargas Pérez fue intervenida de emergencia por el referido médico. Días después, el galeno buscó al esposo de la paciente, Hernán Molina Flores, para exigirle el pago de mil 500 soles por la operación, pese a que la paciente contaba con el (SIS).
Tras la denuncia presentada por la Procuraduría el 21 de abril del 2019, el Cuarto Juzgado Penal Interprovincial de Puno sentenció a Mamani Cachicatari a cinco años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, además de tres años de reglas de conducta, entre ellas no ausentarse de su residencia y cumplir con el registro biométrico. Su apelación fue declarada infundada y posteriormente el recurso de casación fue declarado improcedente, quedando firme la sentencia.
De acuerdo con la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057) y la Ley Marco del Empleo Público (Ley N.º 28175), toda persona con sentencia condenatoria firme por delito doloso con pena privativa de libertad, aunque sea suspendida, queda impedida de trabajar en la administración pública, incluyendo los hospitales.
Por su parte, el director de la Redess Carabaya, Edson Ccama Ramos, indicó que recientemente la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la Procuraduría respondieron a su solicitud para esclarecer dicho proceso, el cual será evaluado por Asesoría Jurídica de la Red de Salud para que se dispongan las medidas correspondientes.
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