Hace 236 años nació la Declaración de los Derechos del Hombre, semilla de todas las constituciones modernas. Su Artículo 2 proclama “El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre: estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”.
Hoy, con 43 partidos políticos inscritos para las elecciones del 2026 (JNE, ROP), surge una pregunta urgente:
¿Cuál de ellos tiene la visión para transformar nuestra Constitución de 1993 en una Carta Magna de la innovación, capaz de proteger nuestros derechos… en la era de la inteligencia artificial?
Mientras lees esto, un algoritmo decide si te aprueban un préstamo. Una inteligencia artificial filtra tu currículum. Tus datos personales —tu ubicación, tus compras, tu salud— son recopilados, analizados y vendidos. Y nuestra Constitución sigue muda, porque fue escrita en 1993, cuando no existía el internet masivo, ni las plataformas digitales, ni la economía de datos.
Hoy, el 74% de los peruanos usa internet (INEI, 2023), pero no tenemos derechos digitales constitucionales. La Ley de Protección de Datos (N° 29733) es insuficiente. No basta con leyes aisladas: necesitamos una Carta Magna que entienda el mundo actual, no uno del pasado.
El costo del retraso es real. Invertimos apenas el 0.18% del PBI en innovación (INEI, 2023), mientras Chile destina el 0.37% y Colombia impulsa su Ley de Economía Naranja. Sin una base constitucional, seguiremos siendo importadores de tecnología, no creadores de soluciones propias.
Pero hay más: ¿sabías que en plataformas como Rappi o Uber, millones de peruanos trabajan sin derechos laborales claros frente a algoritmos que fijan sus rutas, salarios y suspensiones? ¿Que un sistema de IA podría negarte acceso a un tratamiento médico sin que puedas exigir una explicación? Esto ya ocurre. Y sin una Constitución que regule estos riesgos, los ciudadanos quedamos indefensos.
Actualizamos la Constitución no para frenar la innovación, sino para guiarla con ética, justicia y soberanía. Necesitamos:
Derecho a la explicación algorítmica: saber por qué una IA tomó una decisión que nos afecta.
Derecho a la desconexión digital: proteger la salud mental y la vida familiar.
Soberanía digital: que nuestros datos no se exporten sin control estatal.
Innovación como política de Estado: que el Estado invierta, fomente startups y proteja la propiedad intelectual nacional.
Este no es un tema técnico. Es sobre tu trabajo, tu privacidad, tu futuro. Países con realidades similares a la nuestra —como Colombia o Chile— ya avanzan. Perú no puede quedarse atrás.
Perú no será próspero por su pasado, sino por su capacidad de innovar. Y para eso necesitamos una nueva constitución.
¡El siguiente paso, unir a todo Latinoamérica! El futuro no espera. Nosotros tampoco deberíamos.
Esta columna es posible gracias al auspicio de Sin Fronteras, la Academia de la Singularidad, Cuentic, Vichayito Village, Pier Point Máncora, Barras saludables Nut’s & Co., Cluster Disruptiva, Sal amazónica de Pilluana y los cafés sostenibles Mishqui Huayo y Forest Coffee.
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Que te vaya bonito.
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