La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, cuestionó duramente la reciente propuesta de que el Perú abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La excomisionada aseguró que esta iniciativa no solo es inviable durante el actual Gobierno, sino que representa una estrategia de populismo político destinada a proteger un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso.
«Dina Boluarte va a pasar a la historia por haber llevado a este país a una carencia moral, ética y de principios”, afirmó a OjoPúblico, referiéndose a la crisis institucional y responsabilidad del Gobierno en recientes violaciones de DD.HH.
La abogada explicó que, para que un Estado salga de la Corte IDH, debe denunciar formalmente a la Convención Americana ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Aun así, el proceso demora un año y no impide que la CIDH mantenga su competencia sobre el país en ese periodo. “No creo que sea viable si se cumple, como debería ser, con la buena fe”, afirmó.
Para la expresidenta de la CIDH, ese planteamiento responde a una reacción del Gobierno frente a la sentencia de la Corte que rechazó una ley de amnistía favorable a militares y policías implicados en crímenes de lesa humanidad.
«Es una reforma hecha para la tribuna», subrayó, recordando que «la Corte-IDH no existe en contra de los Estados, sino que existe a favor de las víctimas». La excomisionada también advirtió que el discurso oficial replica narrativas de regímenes autoritarios como los de Venezuela y Nicaragua, en los que se acusa al sistema interamericano de atentar contra la soberanía nacional.
En cuanto al impacto del sistema, Mantilla reconoció que, pese a que el Perú no siempre cumple las sentencias, las audiencias y medidas provisionales sí generan efectos concretos: “Quizás el Estado no hace caso en el sentido de ejecutar las sentencias, pero el tener que ir y pararse ante el tribunal, sí tiene un impacto”.
Asimismo, cuestionó la incoherencia del Gobierno peruano, que por un lado promueve candidaturas a la CIDH, mientras por otro impulsa un discurso hostil contra el mismo sistema: “No hay coherencia, hay ignorancia y mucho intento de manipular políticamente”.
La comisionada también criticó al ministro de Justicia, Juan Alcántara, por desconocer que la Corte puede pronunciarse sin agotar recursos internos cuando supervisa sentencias previas, como las de Barrios Altos y La Cantuta. “Con todo respeto, pero con mucha claridad, yo no sé si es mayor la ignorancia o el descaro”, remarcó.
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