El Ministerio Público ha solicitado la suspensión preventiva por 18 meses del comandante general PNP Víctor Zanabria Angulo por los presuntos delitos de peculado doloso y abuso de autoridad.
El requerimiento se basa en hechos ocurridos en 2020, cuando Zanabria se desempeñaba como jefe de la Macro Región Policial Arequipa y presuntamente ordenó que efectivos policiales realicen trabajos de albañilería durante su horario laboral.
Según el expediente judicial N.° 02444-2024, el pedido fue presentado ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, y se sustenta en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que permite suspender derechos en casos de delitos sancionados con inhabilitación o si existe riesgo de reiteración delictiva.
La solicitud también involucra al coronel en retiro Francis Alarcón Gallegos, actual prefecto regional, quien habría supervisado y permitido estas irregularidades.
La investigación inició tras la denuncia de 15 suboficiales, seis de ellos hoy testigos protegidos, quienes afirmaron que fueron obligados a abandonar sus funciones de patrullaje para realizar labores de construcción, electricidad y gasfitería en la sede de la Región Policial. Los trabajos incluyeron vaciado del patio, construcción de una capilla y oficinas administrativas.
Según testigos, las órdenes fueron verbales y venían directamente de Zanabria.
Entre los testimonios claves figura el de la mayor PNP Claudia Del Castillo, quien relató que en una formación, Zanabria y Alarcón solicitaron voluntarios con conocimientos en construcción. Al cuestionar la orden, Del Castillo recibió una respuesta intimidante. “¿Tiene miedo?”, le habría dicho el general. “Comprendido, mi general”, respondió ella, según declaró ante Fiscalía.
Otro elemento grave en la acusación es el manejo de un presunto aporte de S/17.600 de la minera La Soledad SAC, entregado al despacho del general Zanabria para cubrir los pagos de la obra. Sin embargo, las pesquisas determinaron que las labores fueron ejecutadas por policías y no personal contratado. Solo se habría pagado S/4.300 al maestro de obra, sin que exista constancia del uso del resto del dinero.
El general Zanabria ha negado todas las acusaciones, asegurando que las obras se realizaron con aportes voluntarios. No obstante, el Ministerio Público considera que existen indicios suficientes para aplicar la suspensión preventiva mientras continúan las diligencias. La audiencia para evaluar el pedido aún está pendiente de programación.
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