Quedaron en libertad. El Juzgado de Caravelí declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra 8 personas detenidas durante el paro minero en Chala, provincia de Caravelí.
En su lugar, el juez Ronald Salas Quinto dispuso la medida de comparecencia con restricciones por el plazo de nueve meses, al considerar que no se acreditaban plenamente los presupuestos para la prisión preventiva.
Los implicados, José Edilberto Sánchez Quispe, José Luis Nucante Cacsire, Isau Olórtegui Salinas, Vicente Ferrer Evangelista Caja, Mercedes Kleira Quispe Chochoca, Gustavo Mamani Ayamamani, Juan Walter Machaca Zapana y Cristian Piero Torres Huamán, deberán cumplir estrictas reglas de conducta.
Estas incluyen no ausentarse del domicilio sin autorización judicial, presentarse mensualmente ante el juzgado, acudir a citaciones del Ministerio Público y no comunicarse con testigos, coimputados o agraviados. También se les prohíbe participar en actividades similares a las que originaron los hechos investigados.
Además, el juez impuso una caución económica para cada uno de los investigados, que varía entre los S/ 2,000 y S/ 15,000, dependiendo de su grado de participación.
Deberán presentar un croquis de sus domicilios y fotografías del mismo en un plazo máximo de tres días. El incumplimiento de estas medidas podría habilitar al Ministerio Público a solicitar nuevamente la prisión preventiva.
Paro minero: Fiscalía los acusa de entorpecimiento de servicios públicos
La audiencia se desarrolló desde el sábado 19 de julio desde las 8:00 a.m., donde la Fiscalía sostenía que los imputados habían cometido delitos de extorsión, entorpecimiento de servicios públicos y violencia contra la autoridad, al bloquear la carretera Panamericana Sur durante el paro.
Según el Ministerio Público, estas acciones afectaron gravemente a transportistas y pobladores de la zona. La defensa de los acusados alegó que estos ejercieron su derecho a la protesta social y negaron haber incurrido en los actos violentos que se les imputa.
También se cuestionó la solidez de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, lo que influyó en la decisión del juez de optar por una medida menos gravosa.
Con esta resolución, los ocho investigados continuarán el proceso en libertad, aunque bajo supervisión judicial. El caso sigue en etapa de investigación preparatoria y se espera que en los próximos meses el Ministerio Público concluya con la recolección de pruebas para determinar responsabilidades.
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