Una nueva controversia sacude las relaciones comerciales entre Perú y Chile. Esta vez, la tensión gira en torno a la mosca de la fruta, una plaga que afecta cultivos frutales y que, según senadores chilenos, habría ingresado a su territorio desde el norte peruano. Las declaraciones, elevadas esta semana mediante un oficio oficial al Ministerio de Agricultura chileno, apuntan directamente a las exportaciones peruanas de uvas, limones y naranjas, productos que, paradójicamente, continúan ingresando al mercado del país vecino.
Desde el Congreso chileno se ha exigido el endurecimiento de los controles y la aplicación de sanciones a los embarques que ingresan por la frontera de Chacalluta, en Arica, advirtiendo que el crecimiento de la producción peruana estaría poniendo en riesgo la frontera agrícola chilena. Al mismo tiempo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Senasa peruano coordinan la posible habilitación de instalaciones fitosanitarias en Arica para tratar la carga peruana en riesgo de rechazo.
Las declaraciones más encendidas llegaron desde la región de Arica y Parinacota. “El norte está atrapado en cuarentena fitosanitaria mientras Perú, que nos infectó, se convierte en el mayor exportador de frutas de Sudamérica. Y lo peor: Chile le abre aún más el mercado, firmando convenios para que sigan entrando limones, uvas y naranjas. Es una burla para nuestros agricultores”, declaró el senador José Durana, en declaraciones recogidas por la prensa chilena.
Su colega Gustavo Sanhueza, integrante de la Comisión de Economía del Senado, señaló que esta situación afecta directamente al prestigio de los exportadores chilenos. “Aquí no hay reciprocidad ni lógica económica. Estamos premiando a quienes comprometen la reputación fitosanitaria de Chile. La mosca no solo arruina frutas: arruina empleos y crecimiento en las regiones”, advirtió. Ambos parlamentarios coinciden en que el Estado chileno no está defendiendo de forma adecuada la frontera agrícola, y han comparado incluso esta situación con los desafíos en el control migratorio.
De acuerdo con los informes oficiales, la plaga en cuestión es la Ceratitis capitata, también conocida como mosca del Mediterráneo, considerada una de las más dañinas a nivel mundial. Este insecto puede afectar hasta 250 especies de frutas y hortalizas, con impactos económicos que, según estimaciones, pueden oscilar entre 400 millones y 2.400 millones de dólares anuales, dependiendo del grado de infestación.
En paralelo al oficio presentado, los senadores denunciaron que el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) está trabajando con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) en la implementación de medidas operativas para enfrentar el problema. Una de las principales propuestas es la habilitación de centros de tratamiento fitosanitario en la región de Arica, donde se puedan procesar los productos peruanos que no cumplan los estándares, evitando así su devolución.
Esta medida ha generado también controversia en el país vecino. “Mientras Perú exporta más de 562 mil toneladas de uva y lidera el comercio de limones y naranjas, nosotros les ponemos centros de corrección fitosanitaria en vez de cerrarles la puerta. ¿A quién protege el Estado chileno?”, cuestionó Durana, quien representa precisamente a una de las regiones más afectadas por la cuarentena.
En medio del debate, se conoció que en el Congreso chileno se encuentra estancado un proyecto de ley que busca establecer penas de cárcel e incautación de vehículos que ingresen carga contaminada al país. Los senadores de la UDI solicitaron al Ejecutivo que le dé urgencia a este dictamen, asegurando que han sostenido reuniones con los ministros de Agricultura, Interior y Seguridad Pública sin lograr un avance concreto.
Según cifras de Odepa, entre enero y abril de 2024 las exportaciones chilenas de frutas alcanzaron un récord de 4.441 millones de dólares FOB, lo que representa un alza del 3,8% respecto al año anterior. Frente a ello, los gremialistas insisten en que el país no puede permitirse “hipotecar su sello de libre de plagas”, especialmente cuando los mercados internacionales exigen productos provenientes de zonas sanitariamente limpias, y cualquier incumplimiento obliga a aplicar tratamientos químicos que encarecen la producción y bajan la calidad de los productos.
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