La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, con 15 votos a favor y una abstención, admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntas irregularidades en la compra de más de un millón de pruebas rápidas de COVID‑19 en 2020.
La acusación también comprende al exministro de Salud, Víctor Zamora, y a la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, a quienes se les imputa el presunto delito de colusión agravada.
El informe de calificación, elaborado bajo la presidencia de la legisladora María Acuña (APP), sostiene que Vizcarra habría ordenado la adquisición
directa a través del Decreto de Urgencia 028‑2020, mientras Alva habría gestionado las partidas presupuestales y Zamora habría brindado soporte técnico para concretar la operación.
Los tres exfuncionarios habrían beneficiado, de forma concertada, a empresas proveedoras sin cumplir los requisitos de contratación exigidos en plena emergencia sanitaria.
La admisión de la denuncia marca el inicio de la fase de investigación parlamentaria, etapa en la que la SAC podrá recabar pruebas y escuchar los descargos de los implicados.
Una eventual aprobación en la Comisión Permanente abriría la puerta a la inhabilitación de funciones públicas y a un eventual juicio político en el Pleno.
Paralelamente, la vía penal seguirá su curso en el Poder Judicial, donde ya se desarrolla un proceso por corrupción contra el exmandatario.
Vizcarra, quien fue destituido por “incapacidad moral” en noviembre de 2020, rechaza los cargos y alega que las pruebas rápidas respondieron a una “decisión técnica” avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Zamora y Alva también niegan haber actuado de manera irregular y afirman que colaborarán con las indagaciones.
La SAC deberá elaborar un informe final con recomendación de acusación o archivamiento. De prosperar la denuncia, el Pleno podría imponer sanciones políticas y remitir el caso a la Fiscalía Suprema, instancia encargada de formalizar acusaciones ante la Corte Suprema.
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