A través del Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, el Gobierno de Dina Boluarte oficializó el incremento de la remuneración mensual de la presidenta de la República, quien ahora percibirá **S/35,568**, más del doble del sueldo que recibía hasta junio (S/15,600).
La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, fue sustentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), con base en una metodología de comparación internacional. Según el Ejecutivo, el nuevo salario busca “equiparar la remuneración del cargo presidencial con los estándares regionales”, afirmando que en otros países los jefes de Estado reciben ingresos similares o incluso mayores.
Sin embargo, la noticia ha generado un amplio rechazo ciudadano y político. En redes sociales, miles de usuarios manifestaron su indignación, cuestionando el aumento en un contexto de crisis económica, alto costo de vida y baja popularidad del Gobierno. Algunos lo calificaron como “un insulto” o “una burla” para los peruanos que sobreviven con ingresos mínimos.
Una de las críticas más duras provino de la congresista Susel Paredes, quien tildó a Boluarte de “sinvergüenza” y anunció que apoyará una moción de vacancia presidencial. “Tiene cara de jebe para aumentarse el sueldo de esa manera”, expresó en declaraciones públicas.
En el Congreso, ya se alistan acciones para intentar revertir la medida. El exministro de Economía Luis Miguel Castilla recordó que un decreto supremo puede ser anulado por una ley, y algunos legisladores han exigido la presencia del titular del MEF y del presidente del Consejo de Ministros para explicar el sustento de la decisión.
Internacionalmente, la noticia también causó eco. Agencias como Reuters titularon sus notas con frases como “It’s a joke” (“Es una broma”), destacando que el nuevo sueldo equivale a unos 10 mil dólares mensuales, casi 30 veces el salario mínimo en Perú.
Este incremento se produce en medio de una baja aprobación presidencial, que según encuestas recientes no supera el 3 %. Para muchos analistas, la decisión agrava aún más el distanciamiento entre el Gobierno y la ciudadanía.
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