En un hecho sin precedentes, las rondas campesinas y la población civil de Yanahuaya aplicaron castigo físico y moral al alcalde Mauro Laura Sullca durante lo que debía ser un informe económico rutinario. La asamblea, convertida en tribunal popular, evidenció graves irregularidades en la gestión municipal que colmaron la paciencia de los ciudadanos.
Los pobladores, organizados en rondas de vigilancia, demostraron con pruebas contundentes cómo la administración municipal operaba como «patrimonio personal» del alcalde. Entre los hallazgos más graves se encuentran el pago de sueldos a «funcionarios fantasmas» que en realidad trabajaban para el Gobierno Regional de Puno, y la construcción irregular de puentes sin documentos técnicos ni presupuesto aprobado.
La respuesta ciudadana fue inmediata y contundente: además del castigo según sus tradiciones de justicia comunal, se ordenó la destitución inmediata de todo el personal de confianza y se estableció un comité de vigilancia popular para fiscalizar cada gasto municipal. «Hoy el pueblo ha hecho justicia donde las instituciones fallaron», declaró el presidente de las rondas campesinas ante la aprobación unánime de los presentes.
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