UN FESTÍN DE CONTRATACIONES. Un informe explosivo de la Comisión de Fiscalización del Congreso ha destapado un escándalo de proporciones: cerca de 700 contrataciones presuntamente irregulares, muchas de ellas vinculadas a figuras cercanas a Alianza para el Progreso (APP), el partido que lidera César Acuña. Según el documento, gran parte de este personal ingresó sin cumplir los requisitos mínimos y, en algunos casos, con sueldos que superaban los 8 mil soles mensuales.
Uno de los casos más graves es el de Andrea Vidal Gómez, joven abogada asesinada en diciembre de 2024. Su ingreso a la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional se habría dado por recomendación directa de Jorge Torres Saravia, personaje clave en el escándalo y señalado como operador del partido de Acuña. A pesar de contar con solo dos años de egresada, recibió un salario de S/ 7 mil.
“El Congreso debe ser ejemplo de integridad, no un lugar para beneficios indebidos”, sostiene el informe, que también identifica contratos con presuntas falsificaciones documentarias y sueldos inflados.
La Contraloría estima que todo este festín generó un perjuicio económico al Estado de más de S/230 mil.
“BONITAS”, NO CAPACES
Uno de los aspectos más polémicos del informe es la afirmación de que se priorizó la apariencia física de las contratadas por encima de sus capacidades profesionales. El documento indica que Torres Saravia habría favorecido la contratación de al menos 15 mujeres en su área, muchas sin experiencia suficiente. “Aparentemente su contratación fue favorecida por su apariencia física”, reza el texto en referencia a Andrea Vidal.
Lo mismo ocurrió con Isabel Cajo Salvador y Alexandra Gil Rodríguez, amigas de la víctima, quienes también fueron incorporadas a la misma oficina bajo circunstancias similares.
Cajo, con estudios técnicos y sin título profesional, fue promovida con una adenda sospechosa. El informe sugiere incluso que su perfil en OnlyFans, donde publicaba contenido sensual, habría sido conocido por Torres Saravia antes de contratarla.
Sobre Alexandra Gil, se advierte que solo contaba con grado de bachiller en Derecho, pero fue contratada como abogada sin tener la experiencia requerida. “Al igual que con Isabel Cajo Salvador, en su contratación habría primado su belleza física”, enfatiza el informe.
La comisión concluye que se configuró un patrón en las contrataciones: elegir “bonitas” en vez de profesionales capacitadas, favoreciendo vínculos personales y políticos sobre el mérito.
¿HUBO RED DE PROSTITUCIÓN?
Pese a los rumores, el informe descarta la existencia de una red de prostitución en el Congreso. “No existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo”, indica. Sin embargo, advierte que las contrataciones irregulares se dieron en un contexto sensual y sexista, y podrían configurar delitos como nombramiento ilegal o tráfico de influencias.
Las declaraciones recogidas por la Comisión señalan que la Alta Dirección del Congreso —incluida la Presidencia del Parlamento y la Oficialía Mayor— habría permitido estas prácticas gracias a la libertad excesiva en las contrataciones, suspendida desde 2018 al eliminarse el Estatuto del Servicio Parlamentario.
El nombre de Luis Valdez, excongresista y hombre de confianza de César Acuña, también aparece vinculado a Torres Saravia, quien no milita en APP, pero habría participado activamente en eventos del partido. En tanto, otras funcionarias como Jaqueline Lozano y Fiorela Monteza también aparecen en la lista de casos con documentos sospechosos o perfiles inadecuados.
LA FISCALÍA DEBERÁ IR MÁS ALLÁ
La Comisión recomienda remitir el caso al Ministerio Público y a la Contraloría para que se determinen responsabilidades administrativas y penales. También propone restituir el Estatuto del Servicio Parlamentario, suspendido desde hace siete años, para recuperar el control sobre las contrataciones en el Legislativo.
El asesinato de Andrea Vidal, aún sin esclarecer, fue el detonante de esta investigación que terminó desnudando una red de favoritismos, direccionamientos y uso indebido de fondos públicos, aunque no una red criminal como se insinuó en un inicio. Según el informe, la Fiscalía, con acceso a herramientas como el levantamiento del secreto bancario y telefónico, podría profundizar la investigación y descubrir si hay hechos más graves detrás.
Por ahora, lo que queda claro es que la planilla dorada del Congreso se manejó con criterios más estéticos que técnicos, afectando no solo al erario público sino también la credibilidad de una institución que debería velar por el bienestar nacional.
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