Mucho se murmura de las influencias que tendría Enrique Calmet Choque sobre diversos operadores de justicia (jueces, fiscales y secretarias de los despachos). Hoy se puede concluir que así es, tras conocerse una sanción contra magistrados que lo beneficiaron ilegalmente.
Se trata de la ejecución de la Sentencia 486-2017, perpetrada el 23 de febrero de 2021, por la secretaria del Tercer Juzgado de Civil de Puno, Sofía Guerra Cabrera, en plena pandemia y con groseras irregularidades.
Aquel día, la magistrada junto al polémico Calmet Choque, irrumpieron por la fuerza al Colegio Politécnico Huáscar, con el apoyo de decenas de policías. La acción tuvo el propósito ejecutar el fallo dictado casi cuatro años antes, por el juez Guido Chevarría Tisnado, quien ordenó que se dividiera en dos el terreno del plantel, para que más de 12 mil metros cuadrados pasen a manos de aquel personaje.
Han pasado cuatro años y tres meses de aquella diligencia y recién la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Puno (Odancp) emitió una sanción contra el juez y la secretaria judicial. Durante todo este tiempo, se concluyó en primera instancia, que ambos sean sancionados con cuatro meses por incumplimiento de su deber y falta muy grave.
EN PANDEMIA
Según la Resolución 47-UDSA-ODANC del 05 de mayo de 2025, la diligencia fue completamente irregular. La ejecución de la referida sentencia se ejecutó pese a que estaban suspendidas las labores judiciales por la pandemia de la Covid-19. Aquel entonces estaba vigente el Decreto Supremo N° 023-2021, que declaró a Puno en “alerta extrema” y debido a ello el Consejo Ejecutivo de Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 0014-2021-PCEPJ, suspendió las labores presenciales entre 15 y 28 de febrero de 2021.
MONITOREO REMOTO
Todo parecía estar calculado, pues el juez Guido Chevarría salió de vacaciones, solo seis días: del 22 al 28 de febrero de 2021. Aquellos días, su despacho quedó a cargo de la jueza Martha Irene Aguilar Castillo.
USURPARON A JUEZA
La secretaria judicial, Sofía Guerra, ejecutó la sentencia sin dar cuenta a la jueza Aguilar Castillo y encima coordinó la diligencia vía celular con Guido Chevarría.
“Habría intervenido y/o actuado a través de coordinaciones telefónicas en la ejecución de sentencia programado para fecha 23 de febrero de 2021… a sabiendas de estar legalmente impedido”, se lee.
Prácticamente, tanto el juez como la trabajadora judicial usurparon funciones en favor de Calmet Choque.
PLANIFICADO
El juez Chevarría Tisnado, mediante resolución N°100, del 1 de diciembre de 2020 autorizó a Sofía Guerra coordinar y ejecutar la sentencia. Y, mediante resolución 104 de fecha 21 de diciembre, dispuso el descerraje de la puerta del colegio para entregar más de 12 mil metros cuadrados a favor de Calmet Choque.
Dicha sanción acumulada en 50 páginas, revela de manera detallada y acaso insultante, cómo el juez y su secretaria se zurraron en la ley y las normas. Ambos, con el comisario de Huáscar, alférez PNP Marco Luna Cajas, definieron que la diligencia se iba a ejecutar el 23 de febrero. Las coordinaciones se efectuaron en el local de la Corte Superior de Justicia de Puno (CSJP), pese a que todas las labores judiciales estaban suspendidas.
ACTA INDEBIDA
Según la resolución de sanción todo fue una pantomima porque los peritos Jorge Fernando Alata Choque y Leyla Chaquilla Quilca, quienes debieron inspeccionar el terreno en cuestión, se fueron de la diligencia. También se consignó al procurador regional, Santiago Molina, faltando a la verdad. Todo estuvo dirigido para ejecutar a la mala un fallo que beneficiaba exclusivamente a Calmet Choque.
JUEZA NO AUTORIZÓ
Como Chevarría Tisnado salió de vacaciones, quien debió dirigir la diligencia de ejecución de sentencia fue la jueza Martha Irene Aguilar Castillo, pero a esta le hicieron ‘puente’. “… dicha diligencia nunca fue autorizada por la suscrita, es más, desconocía de que había sido acordado con el juez Guido Chevarría, las partes y la Policía, pues aquel juez nunca me comentó ni me puso en conocimiento por escrito o verbalmente la existencia de dicha diligencia, justo al día siguiente en que saliera de vacaciones”.
JUEZA ABSUELTA
En la apertura del proceso disciplinario del 21 de agosto de 2021, se imputaron los cargos de gravedad, pidiendo tres meses de suspensión para el juez y la secretaria, y la absolución para la jueza Martha Irene Aguilar Castillo.
SANCIONADOS
El último 5 de mayo de 2025, el juez contralor de la Unidad Descentralizada de Sanción y Apelación de la ODANC Puno, Reynaldo Luque Mamani, impuso cuatro meses de sanción a los magistrados y retiró los cargos a la jueza. Los sancionados habrían presentado su apelación a dichas sanciones.
SE ESCONDE
El fin de semana intentamos entrevistar a la secretaria, Sofía Guerra, pero evitó hacerlo. Salió de su despacho y se metió en otro, cerrando la puerta.
NO SE DEFIENDE
Guido Chevarría no presentó sus descargos durante el procedimiento. “Quizás lo hizo por estrategia, para que lo pasen por agua tibia”, dijo un juez superior que considera que la sanción sienta un pésimo precedente.
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