Un grupo de mineros ilegales estaría a punto de concretar la creación de una supuesta comunidad campesina en las riberas del río Patambuco, en la provincia de Sandia, región Puno. La maniobra legal les permitiría operar libremente en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, donde ya hubo enfrentamientos por el oro.
La alerta fue lanzada por Cansiano Lucana, presidente de la Comunidad Campesina de Tambopata, quien denunció que la Gerencia Regional de Desarrollo Agrario (GRDA) del Gobierno Regional de Puno estaría por dar luz verde a la inscripción de la llamada “Comunidad Campesina Ribereña Valle Melgar Pacchani”.
Lucana afirma que el responsable de esta aprobación sería el gerente regional, Renato Talavera Salas, a quien acusa de complicidad con los ilegales. Señala que el pasado 22 de mayo una comisión iba a inspeccionar la zona, pero él y su directiva fueron impedidos de ingresar, presuntamente por orden de la propia GRDA.
Detrás de este intento de legalización está Abad Huarecallo Choquehuanca, minero informal con antecedentes penales. El fiscal ambiental Federico Chávarry ya formalizó una denuncia contra él por delitos ambientales en Pacchani. Otros “supuestos comuneros” también se dedican a la minería ilegal.
La situación es crítica. Los mineros pretenden ampararse en la figura legal de comunidad campesina para operar sin restricciones en una zona frágil, clave para la conservación ecológica. Autoridades locales y nacionales aún no han emitido una posición pública frente a esta amenaza.
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