La congresista Katy Ugarte llegó a Juliaca para realizar labores de fiscalización vinculadas al caso de intoxicación masiva de escolares ocurrido hace un año en el colegio Gamaliel Churata, del distrito de Cabana (San Román).
La visita la hizo como presidenta de la Comisión Investigadora de la Ejecución Presupuestaria de los Programas Sociales, con el fin de recoger información directa y de diferentes entidades, el foco está puesto en el programa alimentario del Estado, Qali Warma hoy Wasi Mikuna.
Durante su visita, Ugarte criticó la falta de celeridad en las investigaciones del caso, pese al tiempo transcurrido desde el hecho. “Es inaceptable que a un año de ocurrido el incidente todavía no tengamos resultados concretos. Estamos pidiendo la celeridad del caso porque no puede quedar impune”, afirmó.
La parlamentaria informó que su comisión citó al director regional de Salud, Fredy Velásquez; a la jefa territorial de Wasi Mikuna Karin Mujica; y a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Puno, Judith Contreras. Esta última no asistió, lo que fue duramente cuestionado por Ugarte quien cuestionó la falta de respuesta institucional.
“Me hubiera gustado que esté presente la presidenta de la Junta de Fiscales. Sin embargo, no vino, solo pidió dispensa mediante un documento”, señaló.
INFORMARON
Además, según se conoció, la sesión de dicha comisión se llevó a cabo de forma semipresencial en la sede de la UNAJ. El director del colegio afectado, Ernesto Puma Mamani reveló que el 49% del alumnado resultó afectado por la intoxicación y que, ante la falta de atención efectiva, se conformó la Asociación de Afectados por el Programa Social del MIDIS, para demandar atención a los más de 30 estudiantes que aún presentan secuelas.
Además, identificó como origen del problema las conservas de pescado “Don Simón”, provistas a través del programa Wasi Mikuna.
En tanto, la jefa territorial del programa solo se limitó a informar que el programa beneficia a más de 167 mil escolares en Puno con un alcance de más de 4 mil instituciones educativas y en el caso del comité de compras, está regularizado y compuesto por un representante de la municipalidad de la zona, del Ministerio de Salud, de la subprefectura y de los padres de familia., sin ofrecer detalles contundentes sobre las medidas adoptadas tras el incidente.
El director de la Diresa, por su parte, argumentó que no cuentan con presupuesto suficiente para ejercer una vigilancia sanitaria, revelando que solo disponen de 18 mil soles anuales para el control sanitario.
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